Un exintegrante y testigo clave en los juicios contra el poderoso narcotraficante Marcos de Jesús Figueroa García, alias “Marquitos”, ha presentado una grave denuncia ante la Fiscalía General de la Nación sobre un plan criminal para asesinarlo a él y a su familia. La denuncia, interpuesta por José Carlos García Cataño, acusa directamente a varios miembros de la organización criminal de “Marquitos” Figueroa y a dos fiscales a quienes señala de proteger operaciones delictivas.

En su informe de denuncia penal, dirigido a la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón, García Cataño detalla las amenazas que ha recibido, las cuales, según él, provienen de la misma organización criminal con la que estuvo vinculado y a la que, ahora, ha ayudado a desmantelar.

La denuncia por los delitos de concierto para delinquir y amenazas está dirigida contra los siguientes individuos:

               * Fiscal Daniel Ricardo Hernández Martínez, fiscal

               * Fiscal Jenny Andrea Ortiz Ladino, fiscal

               * Daimler Paul Corrales Figueroa, alias “Parru”.

               * Pedro Enrique Ospino Cobo, alias “Balacho”

               * Juan Carlos Vega Figueroa, alias “Pirin”

               * Arles Johan Amaya Brito, alias “Huracán”

               * Marcos Francisco Figueroa Fonseca, alias “Pacho”

               * Juan Carlos León Solano, delincuente prófugo.

               * Hamilton Figueroa García, exalcalde de Fonseca, La Guajira

El fiscal Daniel Ricardo Hernández Martínez actualmente se encuentra en juicio por los delitos de amenazar a un testigo y haber escondidos durante más de un año órdenes de captura contra tres altos  ejecutivos de Odebrecht (Marcio Marangoni Marangoni, Éder Paolo Ferracuti y Amilton Hideaki Sendai) a quienes encubrió para que pudieran vender sus bienes en Colombia, retirar los dineros que tenían en bancos nacionales y huir del país.

García Cataño se identifica como familiar de “Marquitos” Figueroa y confiesa haber participado en el contrabando de combustible entre Venezuela y Colombia desde 2001 hasta 2014. Sin embargo, en 2014, optó por colaborar con las autoridades y se convirtió en “testigo estrella” en varios procesos penales de alto perfil.

Su testimonio ha sido fundamental para conseguir la condena de “Marquitos” Figueroa a 36 y 35 años de prisión en los juicios por el homicidio de la exalcaldesa de Barrancas, La Guajira, Yandra Cecilia Brito Carrillo y por el asesinato de Carlos Rodríguez Pomar. Además, su colaboración ha llevado a la condena de otros funcionarios, como el exfiscal Alcides Pimienta, sentenciado a 19 años de cárcel inconmutable.

Según el denunciante, las amenazas se agudizaron en septiembre de 2024. El 7 de septiembre de ese año, su esposa recibió un mensaje de una persona cercana a la organización, advirtiéndole que “se cuidara” porque existía un plan para matarlo a él y a su familia. Al día siguiente, su hermana, Elsa Antonia García, quien reside en Estados Unidos, confirmó la amenaza a su esposa, citando a una fuente dentro de la estructura criminal.

Lo más alarmante de la denuncia es la información que recibió García Cataño el 8 de septiembre de 2024. Un informante, supuestamente presente en una reunión en una finca de La Guajira, le reveló los detalles de un “plan criminal” que incluía el asesinato de varias personas. Entre los objetivos de este plan estarían el alcalde de Fonseca, Micher Pérez, dos fiscales en Bogotá (apellidos Botache y Cortez) y el propio García Cataño y su familia.

La denuncia de García Cataño señala a dos funcionarios públicos: el fiscal “Daniel Ricardo Hernández Martínez” y la fiscal “Jenny Andrea Ortiz Ladino”. Según el denunciante, en la reunión donde se planificaron los crímenes, se mencionó que ambos fiscales están involucrados “sentimentalmente con miembros de la organización criminal”, lo que les habría permitido “facilitar sus operaciones”.

Esta grave acusación, que salpica a la misma entidad que ahora debe investigar, ha puesto en alerta a la Fiscalía General de la Nación.

Ante la gravedad de los hechos, José Carlos García Cataño ha solicitado a la Fiscalía que se tomen medidas urgentes, incluyendo una “investigación exhaustiva” de todos los denunciados y la activación inmediata de un “protocolo de protección” para él y su familia, argumentando que su vida y la de sus seres queridos están en grave riesgo.

La Fiscalía General de la Nación no se ha pronunciado públicamente sobre la denuncia.