Desde la Picota, Juan Segura, alias “Mario” o el “Alacrán”, exjefe paramilitar de la Costa Atlántica, habló sobre varios políticos y empresarios que gozan de impunidad. También pidió ser escuchado por la JEP, pues está dispuesto a contar toda la verdad y a entregar fosas comunes, con sus autores intelectuales.
Barranquilla.– No son nuevos los nexos de políticos y empresarios de la Costa Caribe con grupos paramilitares que operaban principalmente en los departamentos de Magdalena, Cesar y Atlántico. No obstante, viejos miembros de esos grupos desde las cárceles se declaran sorprendidos por la impunidad que ha reinado en todos los procesos penales contra aquellos.
Sobre estos casos habló Juan Francisco Segura, alias Mario o el Alacrán, exjefe del bloque Norte, desde una celda de máxima seguridad en la Cárcel La Picota, de Bogotá. Manifestó que conoció al actual alcalde de Soledad, Atlántico, Joao Herrera, cuando se desempeñaba como notario único, entre el 2000 y el 2003. “Joao Herrera, quien siendo el notario también estuvo al servicio de las autodefensas, era un notario que tenía alias Gafita y alias Pablo para cualquier cuestión de tierras, propiedad que las autodefensas quitaban en cobro y así sucesivamente”, aseguró. Pero no es el único exparamilitar que nombra al ex notario de ese municipio: Johnny Acosta, alias 28, en su versión, dijo que Soledad se convirtió en el fortín de las autodefensas y que por medio de Joao Herrera y dirigentes políticos que hoy en día son congresistas y ocupan grandes cargos a nivel nacional, le dieron fortaleza para incursionar en el Atlántico.
Por otra parte, también se refirió a la actual candidata a la alcaldía de Soledad, Beatriz Barraza, “cuota política de Joao Herrera” que para entonces era la secretaria del notario de Soledad, como lo llamaban dentro de la organización criminal. “Yo también conocí a Beatriz por intermedio de Gafita, una vez fuimos a esa oficina y ella nos atendió”. Por fuera de cámaras, añadió Segura que se reserva muchos detalles porque quiere contar todo a la Fiscalía, la cual considera que lo está callando y no lo ha querido escuchar, pero no pierde las esperanzas en que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) conozca la verdad que no les han contado a las víctimas.
Según Segura Gómez, también en Soledad, el exconcejal Rodolfo Ucrós es otro candidato a la alcaldía de ese municipio que ha ejercido el poder político y, al parecer, tuvo nexos con las AUC cuando era comandante en Sitio Nuevo, Magdalena. También dice que fue el autor intelectual de una masacre en El Burro, ya que era propietario de una finca. Así mismo, tiene una investigación abierta en la Procuraduría, junto con 16 concejales que fueron separados de sus cargos por el mismo ente disciplinario. Y, además, cuando se desempeñó como presidente del Concejo, firmó una serie de contratos para comprometer vigencias futuras durante la alcaldía de Franco Castellanos, quien se encuentra inhabilitado por 10 años, junto con los concejales de Soledad.
Pero la lista de candidatos de diferentes corporaciones en la costa, que tuvieron vínculos cercanos al paramilitarismo no empieza ahí. Otros ex miembros del frente José Pablo Díaz del bloque Norte de las AUC, pertenecientes al programa Justicia y Paz, aseguran que son más de 60 los aspirantes entre el Atlántico y parte del Magdalena, con quienes ese grupo insurgente hacía convenios a cambio de quitar del camino a sus contradictores. Es el caso de Luis Alberto “Tete” Samper, exalcalde del municipio Ciénaga, quien, a pesar de estar siendo investigado disciplinariamente por la Procuraduría y, al parecer, tener una compulsa de copias por homicidio y concierto para delinquir agravado, sigue ejerciendo la política sin que hasta el momento la Fiscalía dé resultados.
Nombres como Wilfrido Ruiz Rada, ex alcalde de El Copey, Cesar, actualmente candidato a esa corporación ¾vuelve y juega¾ tiene investigaciones en la Fiscalía por el presunto delito de concierto para delinquir agravado, doble homicidio en persona protegida y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares.
¿Y la Fiscalía General de la Nación? Según el exjefe paramilitar alias el Alacrán, desde que se desmovilizó, junto con otros ex paramilitares, viene denunciando a políticos y empresarios prestigiosos, pero sin ningún usufructo en la justicia colombiana. Dentro de sus confesiones ante la Fiscalía 15 de la Unidad Especializada contra Organizaciones Criminales hay un sin número de declaraciones que vinculan a comerciantes, empresarios y políticos, algunos de ellos testaferros de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.
Disidencias de las AUC en su esplendor
La gran cantidad de ex paramilitares condenados en diferentes cárceles en Colombia y beneficiados del programa de Justicia y Paz, para Juan Segura son un fracaso del gobierno de Uribe porque no se ha dicho toda la verdad y a los antiguos jefes de cuadrillas o manos derecha de los máximos comandantes no los han querido escuchar. Por el contrario, los callan y archivan las versiones dadas a la Fiscalía General de la Nación. Es el caso del fiscal de Santa Marta Bula Bula a quien él ha denunciado por archivar procesos a cambio de beneficios económicos o favores personales.
La justicia no ha actuado como es, por eso es necesario que la JEP nos acoja para que paguen los verdaderos financiadores de las autodefensas, expresó de manera inconforme, y alertó sobre la posible reactivación de las autodefensas en Colombia. También pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz escuchar la verdad y que él está dispuesto a contar y a entregar fosas comunes con sus respectivos autores intelectuales.
Paraeconomía en su esplendor
Mientras que en Justicia y Paz se abre un nuevo capítulo, en la Fiscalía 26 especializada de Bogotá, Edgard Ignacio Fierro, alias don Antonio, al parecer, habló de la paraeconomía y, según una fuente cercana al caso, aseguró que dentro de los señalados de tener nexos con estos grupos criminales estarían William Vélez (el zar de las basuras) y los contratistas Fernando Garcés, Juan Pablo González, Julio Polonía y David Name Terán. Y el pasado 20 de septiembre, David Char, en la primera audiencia en declaración ante la JEP, nombró otros congresistas como Miguel Amín, Eduardo Pulgar y Modesto Aguilar.
Recordemos que, en el 2012, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó abrir investigaciones previas a media clase política del Atlántico y de un sector del Magdalena, Bolívar y Sucre, así como a empresas y personas particulares por sus supuestos vínculos con el frente José Pablo Díaz de las autodefensas que delinquió en estos departamentos.
El reconocido empresario Luis Fernando Vásquez, dueño de la firma Autotropical y concesionario de vehículos en varios departamentos de la Costa Atlántica, igualmente fue salpicado por unas declaraciones de diferentes ex paramilitares que lo señalan de ser testaferro del sanguinario ex jefe paramilitar alias Jorge 40 y de tener vínculos cercanos con alias “JM”. También en uno de los renglones de las declaraciones de alias el Alacrán expresó “Aquí como en las películas de misterio, lo mejor fue guardado para el final; le anticipo señor juez que ‘Ojos Azules’ fue uno de los pioneros del paramilitarismo, fue desmovilizado con el Bloque Norte en el corregimiento el Mamón, vereda de La Mesa del municipio de Valledupar, Cesar, el 10 de marzo de 2006, esta persona no está presa; este señor fue identificado como Darío Laíno Scoppetta y es un empresario reconocido en la ciudad de Barranquilla, con alto poder económico y social”.
La autora de esta investigación también tuvo acceso al proceso que lleva la fiscalía especializada en el cual los senadores Eduardo Pulgar, Luis Eduardo Díaz Granados (a quien llaman El Narizón) y Modesto Aguilar están ligados al paramilitarismo. La Fiscalía y la Corte Suprema deben una explicación a los colombianos sobre esas investigaciones.
