En diversas seccionales de la Fiscalía General de la Nación en todo el país, fiscales recurren en los últimos meses a la contratación informal de personal externo, que pagan de su bolsillo, para atender la creciente carga procesal, ante la insuficiencia de recursos humanos y técnicos. Esta práctica, ejecutada sin filtros de seguridad ni verificación de antecedentes, ha derivado en una preocupante vulnerabilidad institucional, al permitir que personas sin vinculación formal accedan libremente a sistemas confidenciales como el SPOA, donde se almacena toda la información de los procesos penales del país.

La medida, adoptada como solución improvisada frente a la saturación de casos por despacho, ha convertido en rutina la presencia de particulares en los despachos fiscales. A cambio de pagos diarios entre 50.000 y 80.000 pesos, estos colaboradores temporales manejan expedientes digitales completos sin ninguna garantía de confidencialidad, en un contexto donde el control sobre el acceso a información reservada parece haberse debilitado de manera crítica.

“Basta solamente darse una vuelta por las fiscalías seccionales para ver sobrinos, amigos, hijos, nietos etc. de funcionarios de la fiscalía sin ningún tipo de vínculo laboral, administrando justicia en nombre de la ley”, dijo un fiscal a La Nueva Prensa.

Fuentes internas advierten que esta situación ha facilitado la filtración y posible comercialización ilegal de procesos judiciales, un fenómeno que algunos fiscales no dudan en calificar como “la privatización de la justicia”, en alusión al grado de influencia que han adquirido personas externas —en su mayoría agentes del crimen organizado y de sus abogados—dentro del sistema penal acusatorio.

Mientras tanto, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y varios directores seccionales han optado por atribuir las filtraciones a los propios fiscales, sin pronunciarse sobre la permisividad institucional que tolera el ingreso de terceros a plataformas misionales clave.

La ausencia de protocolos de seguridad adecuados y la falta de supervisión efectiva han colocado a la entidad en una encrucijada ética y operativa que pone en entredicho la integridad del sistema de justicia colombiano.

La digitalización de los procesos, lejos de fortalecer la transparencia, ha expuesto a la Fiscalía a nuevos riesgos, en un entorno donde la información penal circula sin control y la responsabilidad sobre su custodia parece diluirse entre omisiones administrativas y decisiones improvisadas.

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