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Mientras los pobladores de Ituango esperaban el avance del Proceso de Paz de La Habana que daría fin a más de cinco décadas de conflicto armado en que sufrieron tomas guerrilleras por parte de las FARC, incursiones de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con masacres como las de La Granja (1996) y El Aro (1997), los políticos celebraban contratos de obras para mejorar las condiciones de vida de los itangüinos en vivienda, educación y vías terciarias.

Una excelente noticia para la comunidad itangüina era que ampliarían y mejorarían los Centros Educativos Rurales (CER) en veredas apartadas del municipio. Por fin –creían– un político como Jaime Elías Montoya Londoño, elegido como alcalde de Ituango, pensaba en la comunidad y distribuía los recursos públicos con equidad, cerrando la brecha de la desigualdad.

Licitación 010-2015

El alcalde Montoya Londoño, antes de terminar su periodo y luego de haber perdido las elecciones de octubre del 2015 con su candidato Javier de Jesús Parias Posso, del Partido Conservador, abrió la Licitación Pública 010-2015 que tenía como objeto “contratar a todo costo obras de reforma, ampliación y mejoramiento de Centros Educativos Rurales del municipio de Ituango”, por un valor de $1.885.692.401 y un plazo de diez meses, contados a partir del 16 de diciembre.

De acuerdo al Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), donde reposa la información de todas las entidades públicas, entre ellas de Ituango, la administración del alcalde Montoya Londoño inició el proceso licitatorio el 20 de octubre de 2015, a través de la Resolución 014.

Resolución que dio inicio al proceso de licitación

En la convocatoria para las obras efectuada entre el 2 y el 28 de octubre de 2015, se presentaron dos propuestas: la de la Asociación de Municipios del Norte Antioqueño (AMUNORTE) y el Consorcio CER-Ituango. La diferencia entre un oferente y otro, que fue decisiva para la asignación el contrato, era de solo $700.052.

Luego de la “selección objetiva”, el Comité Asesor y Evaluador (integrado por el Alcalde, el Secretario General y de Gobierno, el Director Técnico de Planeación y el Tesorero), recomendó a la asociación Amunorte, teniendo en cuenta su “experiencia y cumplimiento del proponente en contrataciones anteriores con otras entidades”, entre ellas el municipio de Ituango, socio de la asociación. Es decir, para ejecutar las obras en las escuelas rurales seleccionó a la entidad a la cual está asociada el municipio que dirige. ¡Qué objetividad! Aquí puede apreciarse el historial de contratos del municipio con la asociación:

Fuente: Gestión Transparente – Contraloría de Antioquia

Contrato de Obra Pública 443-2015

El 5 de noviembre de 2015, a las 11 a. m., se surtió la audiencia de adjudicación de la licitación del Contrato de Obra Pública 443, firmado por el alcalde Jaime Elías Montoya Londoño y la representante legal María Elena Rojas Chavarría. En un archivo de Excel que se puede consultar –y descargar– en la página web del SECOP, aparece el listado de los Centro Educativos Rurales (CER) donde se adelantarían las obras, con un dato muy llamativo: “distancias en horas (transporte vehicular / transporte mular)”. Los treinta y cinco CER priorizados fueron:

Durante la gestión del Gobernador de Antioquia 2012-2015, Sergio Fajardo Valderrama, se escuchó decir en los escenarios a donde iba lo siguiente: “lo mejor para los más pobres”. Esa frase la hubieran querido ver en la práctica los vecinos del CER de la Chispas,

localizado a una hora en carro desde el casco urbano de Ituango, y que  alberga a 21 niños que estudian primaria a través del modelo educativo Escuela Nueva. Todos comparten el mismo salón y se dedican a las actividades que el profesor les indica de acuerdo a su grado –desde 1.° hasta 5.°–. Allí, según el cronograma que el municipio de Ituango entregó al oferente seleccionado, Amunorte, se debía contruir la unidad sanitaria, la cocina (para el restaurante escolar y el Programa de Alimentación Escolar / PAE) y ampliar un aula de clase.

Especificaciones para la construcción de la batería sanitaria

Especificaciones para la construcción de la cocina

Especificaciones para la ampliación del aula de clase

Antes de terminar la administración del alcalde Montoya Londoño, (a quien le restaban 56 días de mandato cuando firmó el contrato), para asegurar los recursos al contratista Amunorte, le entregó un anticipo del 40 % del monto del proyecto: $754.276.960. Así consta en el Comprobante de Egreso 02827 del 19 de diciembre de 2015, firmado por el Alcalde y el Secretario de Hacienda y Tesorería.

Luego, la administración del alcalde Hernán Darío Álvarez Uribe se inició en enero de 2016 y el Contrato de Obra Pública 443 estaba ejecución. Un año después, el 23 de febrero de 2017, cuando el tiempo de ejecución de diez meses había pasado, pues en octubre de 2016 debió estar entregado a satisfacción, la gerente de Amunorte, María Elena Rojas Chavarría, radicó la Factura de Venta 1315 por valor de $966.343.973,27. Esta tiene una nota marginal que dice: “favor amortizar valor con anticipo del 50 %”, por lo que en realidad se cobraba $ 483.171.986,34 por concepto de “pago de Acta de Obra N° 1”. El resto lo adeuda el municipio de Ituango.

El pago de la Factura de Venta, como consta en Comprobante de Egreso 00906, fue realizado el 5 de junio de 2017.

CER Chispas: “una escuela inservible”

La Nueva Prensa conoció las denuncias hechas por la comunidad de las veredas Chispas y San Luis, sobre las condiciones en que quedó la escuela después de una inversión de $63.820.263. Publicamos su mensaje:

COMUNIDAD SAN LUIS CHISPAS

Dice el contrato de reparacion de Escuelas que para la Escuela de Chispas se destinaron los siguientes recursos:

$21.325.319.00 para batería sanitaria

$15.521.751.00 para adecuación de cocina

$26.973.193.00 para ampliación del aula.

Con toda esta plata dejaron la escuela inservible, dañaron lo poco que había. Planeación ya estuvo allá y lo sabe.

Dice Planeación municipal que no pueden hacer nada hasta que no liquiden el contrato.

Amunorte no respondió a esta consulta.

No nos interesa saber si robaron o no, no vamos a denunciar ante organismos de control porque son ratas peores, las comunidades de Chispas y San Luis solo queremos la escuela funcionando. También solicitamos que paguen el trasporte y la comida que se le facilitó al contratista, los campesinos no tenemos porque financiar a los hampones.

Cómo comunidad solicitamos una explicación clara de las causas por las que no se ejecutó la obra contratada.

Nos deben explicar Porqué van a liquidar el contrato y dónde quedan los recursos que se habían asignado a nuestra escuela.

Igualmente nos deben arreglar y poner a funcionar ya la escuela.

Los niños campesinos no tienen porqué sufrir las consecuencias de una administración inoperante y de un contratista irresponsable y corrupto.

Atte, comunidad San Luis Chispas.

Las fotografías del estado en que se encuentra la escuela hablan por sí solas. ¿Y cómo estarán los demás Centro Educativos Rurales (CER) donde la comunidad no se atreve a denunciar, por miedo a los nuevos actores armados o a las retaliaciones políticas, en un lugar donde se aplica el adagio de pueblo chiquito, infierno grande?

¿Qué dicen el alcalde de Ituango y la gerente de Amunorte?

Desde La Nueva Prensa nos comunicamos con el alcalde Hernán Álvarez Uribe para conocer su versión sobre las quejas de la comunidad de Chispas, que denuncia una  presunta corrupción en la ejecución de la obra del CER: “El contrato, dijo, está en liquidación bilateral con Amunorte. Nos sentamos las partes y tomamos la decisión de liquidar el contrato, porque en Ituango hay muchos problemas, entre ellos la lejanía de las veredas y el orden público. En algunos casos hubo que hacer ajustes y cambios de obra avalados por la interventoría. Lo del CER Chispas es porque un ventarrón se le llevó el techo y por eso está en malas condiciones. Nosotros hicimos un barrido, que quedó en un diagnóstico, sobre el estado de las obras ejecutadas en el contrato, encontrando que cumplieron el 70 %. El resto de los recursos, que hacen parte de un empréstito del IDEA, lo vamos a sacar a licitación para poder cumplir con las demás obras en los CER priorizados”.

Por su parte, María Elena Rojas Chavarría, gerente de la Asociación de Municipios del Norte Antioqueño (AMUNORTE), no respondió por encontrase incapacitada, según la razón dada por la secretaria.

Contrato de interventoría dos años después

El Contrato de Obra Pública 443 debió tener una interventoría técnica, financiera y jurídica desde el momento en que inició su ejecución, es decir desde el 16 de diciembre del 2015. Pero no fue así. Apenas el 7 de octubre del 2017 el alcalde Álvarez Uribe suscribió el Contrato Consultoría 334 por valor de $20.600.000 con María Obdulia Bedoya de López, representante legal de la empresa 100 % Ingeniería Civil S. A. S. Razón le asiste a la comunidad al expresar en su denuncia que dice“Planeación municipal que no pueden hacer nada hasta que no liquiden el contrato”.

¿Y dónde están los entes de control como la Contraloría General de Antioquia y la Procuraduría Provincial de Yarumal? Aquí la respuesta de los campesinos de Chispas y San Luis: “no vamos a denunciar ante organismos de control porque son ratas peores”. Seguro tienen razón. El Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, con vínculos con el partido Cambio Radical, fue suspendido e inhabilitado por la Procuraduría por diez meses en fallo de Primera Instancia, el cual se encuentra en apelación. [Ver noticia El Colombiano]

Tres adiciones al Contrato 443-2015

En el SECOP aparecen tres adiciones al Contrato 443-2015, las cuales corresponden a tres Otrosí en donde el alcalde y la representante de Amunorte pactan prorrogar la ejecución del contrato por en total doce meses más:

1) Otro sí N° 1 del 30 de diciembre de 2016: tres meses de prórroga.

2) Otro sí  N° 2 del 29 de marzo de 2017: seis meses de prórroga.

3) Otro sí N° 3 del 13 de septiembre de 2017: tres meses de prórroga.

¿Quién tiene la razón?

Un concejal de Ituango, que pidió la reserva de su nombre, le dijo a La Nueva Prensa que la asociación Amunorte, en una sesión del Concejo, mencionó que ha estado cumpliendo con las obras en los CER. Sin embargo, no es del todo cierto. Allí se supo que la asociación afronta demandas por más $800.000.000 por obras inconclusas en otros municipios, como Argelia, por las que debe responder. Incluso en una escuela usaron una pintura de la comunidad para cumplir con el proyecto.

Por ahora en Ituango, donde hubo desmovilización de las Farc, los nuevos grupos como las bandas de Bello –Pachelly– y la disidencia del Frente 36 de las Farc, al mando de Cabuyo y Carnitas, están en disputa por el narcotráfico. La población espera que haya inversión social, sin corrupción. Ahora sí podemos decir que la guerra ocultó por muchos años la corrupción. Y de eso se aprovecharon los gobernantes.