Así como los muertos, la justicia, en este país, parece que quedara forjada en números y en sentencias válidas en el papel. Y me refiero a una noticia escondida y desapercibida en los medios de comunicación en meses recientes: los más temidos y sanguinarios paramilitares recibieron, como estructura criminal, una condena ejemplar en la teoría y, simbólica, en la más cruda realidad, dictada por una justicia de papel.
En el mes de marzo del presente año, dos magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla condenaron a 16 ex miembros del bloque José Pablo Díaz y a 9 ex paramilitares, de los más sanguinarios del grupo William Rivas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a 40 años de prisión, 20 mil salarios mínimos legales vigentes y 240 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
Una condena ejemplar sin duda dentro de los trámites administrativos de la justicia, contrario a la búsqueda de la verdad y reparación de las víctimas. Y es que desde la libertad y con protección del Estado, dos de los condenados, José Gregorio Mangones Lugo, alias ‘Carlos Tijeras’, comandante del frente de las AUC en el Magdalena, y Edgar Ignacio Fierro Flores, alias ‘Don Antonio’, comandante del frente José Pablo Díaz, fueron sentenciados en papel.
Alias Don Antonio fue dejado en libertad en octubre del 2016 mientras que alias ‘Carlos Tijeras’, en marzo del mismo, al cumplir con los 8 años de prisión que contempla la Ley de Justicia de Paz.
‘La Tijera’ de los paramilitares
Como estudiante de Comunicación Social y Periodismo, hace 11 años, tomé la electiva de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con la convicción de entender los derechos a través de la guerra en Colombia. Mi trabajo final estaba decidido: la voz de un victimario en medio del proceso de paz del momento (La desmovilización de los paramilitares a través de la Ley de Justicia y Paz). Por supuesto, no pretendía desconocer el lado de las víctimas, pero, en ese momento primó la curiosidad en saber de qué estaban hechos estos sanguinarios protagonistas de los capítulos más crueles de la Región Caribe.
Un par de contactos en la Rama Judicial lograron otorgarme el permiso para la entrevista. Me dirigí a las instalaciones de los juzgados en el centro cívico de Barranquilla donde se realizaría una de las tantas audiencias. Las notas que llevaba escritas en mi cuaderno solo decían: peligroso. Nada de demostrarle miedo. Corroborar lo que me diga con las noticias.
Tres hombres pequeños y escuálidos, y un hombre imponente y fortachón, llegaron a una sala pequeña dispuesta para mi entrevista y en la que me habían concedido solo 20 minutos previos a la audiencia que se realizaría más adelante. Los saludé a todos. No supe diferenciar quién era el ex jefe paramilitar. Recuerdo que todos llevaban puesta una chaqueta antibalas y el mismo color del pantalón. José Gregorio Mangones ‘Carlos Tijeras’ me sonrió, lo saludé pensando que, por su porte, el más imponente de todos, era uno de los guardias del Instituto Nacional Penitenciario y carcelario (INPEC) pero no, era él a quién buscaba.
Mientras nos acomodamos, pensaba que este señor, con el prontuario y semejante porte, podría, de un solo golpe, noquear a los guardias. Alcé la mirada y vi que los custodios tocaban sus armas suavemente y de manera constante. Di inicio a la entrevista.
Antes de lanzar la primera pregunta, se apresura a decirme que es hijo de un periodista radial muy reconocido en Córdoba. Me explica que de ahí viene su alias:
– Mi papá es un periodista bohemio, mujeriego, por eso tengo 23 hermanos y uno de 4 años. Tiene una emisora cívica que se llama ‘La Tijera’. Por eso me dicen así a mí y al resto de mis hermanos. Y Carlos porque es mi nombre de guerra.
– En algún lugar leí que su temido alias se debía a que mandaba a descuartizar a las víctimas con unas tijeras.
– Sí, eso dicen. Pero no. Si eso es demorado descuartizar con tijeras. Qué imaginación.
Me lo dice con seguridad. Con la convicción de saber detalles políticos y técnicos de una guerra en la que lo perdió todo hasta su juventud.
– Yo cuando era niño no sabía nada. De vaina jugaba fútbol. Me tocó trabajar desde muy pequeño.
Su experiencia también viene del Ejercito. Mientras prestaba el servicio militar ‘Carlos Tijeras’ fue premiado como uno de los mejores soldados en el Batallón Córdoba de Santa Marta. Al año siguiente fue enviado a la península de Sinaí, en el Medio Oriente.
A su regreso, se desempeñó como locutor y vendedor. Un día, mientras trabajaba como distribuidor de productos de confitería y panadería, le tocó viajar de Barranquilla a Montería. Cuando pasaba por Zambrano (Bolívar), la guerrilla les quemó las camionetas porque no pagaron las vacunas. Eso lo motivó a buscar a las AUC. En 1999 se vinculó a la estructura paramilitar urbana que operaba en el municipio de Ciénaga, Magdalena. Se apresura a enfatizar en que la guerrilla era el objeto militar de las operaciones de la AUC.
– El Estado no nos protegió. Yo opino que el 80% de los colombianos está de acuerdo con nuestras ideologías, pero no pueden decir nada porque los acusan de rebelión. Yo entro gracias a Carlos Alberto Sosa Castro, alias ‘Rodrigo’ y a Javier López. Ambos asesinados en la puerta de sus casas.
Años más tarde tomó el lugar de López, convirtiéndose así en el segundo al mando del frente ‘William Rivas’ liderado por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Posteriormente obedecería las órdenes de Salvatore Mancuso.
– Luego conozco a Carlos Castaño… teso ese tipo. Pero mira, yo no soy narcotraficante. Yo soy autodefensa, más no bandido. De ultraderecha. A mí nunca me gustó la guerrilla. Era legal, sólo cobraba vacunas y nunca robé una finca. Si recibía algo se los entregaba a mis hijos.
Sin embargo, la historia es distinta. Según su expediente, ‘Carlos Tijeras’ fue acusado por los delitos de concierto para delinquir agravado, conformación de organizaciones armadas al margen de la ley, autor y coautor de cientos de homicidios en el departamento de Magdalena, desaparición forzada, desplazamiento forzado en 270 casos, entre otros delitos atroces.
– ¿Cómo es que puede estar en un proceso señalado de crímenes atroces si solo cobraba vacunas? Pregunté.
– Yo era el comandante, por lo que tenía subalternos, como 400 personas a mi mando. Solo quedan como 80. Ahora respondo también por lo que hicieron. Los llamo y les pido explicaciones por las masacres porque no estuve presente.
Algunos de sus subalternos también se acogieron a la Ley de Justicia de Paz y, sin embargo, debe responder como autor intelectual de muchos crímenes.
Su falta de recursos, me explica, se debe al sueldo que recibían: Comandante: $ 1.000.000 (Libres porque les daban comida y los útiles de aseo); Comandante escuadra: $ 600.00; Patrullero: $450.000
– Mire, yo trabajaba para los campesinos de la Zona Bananera. -Me lo dijo muy convincente. Y una vez más, me dio argumentos contrarios al expediente que reposa en la Fiscalía[1] y que lo tiene detenido-.
Entre los muertos que debe cargar el ex paramilitar, está el del ex alcalde del municipio de Zona Bananera, Jesús Alberto Avendaño Miranda; el del taxista de 40 años Santander, Segundo Pabón Eguis; del aspirante al Concejo Municipal de Ciénaga, Julio César Fontanilla Ulloa; del miembro de la Asociación Nacional de Campesinos ANUC, Elides Quintero Durán; del vendedor de frutas, José David Gil Escorcia, de Jorge Luís Morelly, asesinado mientras jugaba dominó; de Yair Alfonso Jiménez Niebles y Santander Alfonso Zapata Jiménez, acribillados en medio de las celebraciones de la Virgen del Carmen. Y de 600 personas más. Además de los cientos desaparecidos, fosas comunes y desplazamientos forzados que causó en el departamento del Magdalena.
A lo largo de la corta entrevista continúa insistiendo en que ayudó a muchos campesinos. Narró que, en una de sus idas a los pueblos para señalar el lugar exacto de las fosas comunes, como parte del proceso de justicia, verdad y reparación de la Ley, los campesinos se le acercaban y le mostraban lo agradecidos que estaban con él.
– De la guerra no me quedó nada. No era nadie para quitarles la vida a los demás. Ahora, voy a seguir luchando sin armas, será con ideas. Estoy escribiendo un libro y compongo canciones. En todas las audiencias yo les digo que soy un ser humano no un monstruo. La guerra acaba con la familia. Me divorcié y veo a mi hija una vez al año solo tres horas. Ella estudiaba en Barranquilla, pero a raíz de mi captura, y el desprecio de sus compañeros, vive ahora en Montería con su mamá. Su mamá la mantiene porque a mí no me quedó nada. Con decirte que lo único que me quitó la Fiscalía fue una camioneta.
Me asegura que su hija está orgullosa de él, porque defendió los pueblos que estaban abandonados por el Estado. Que no es ningún monstruo.
Sin embargo, para la Región Caribe lo fue. Aunque no quiso ahondar en otros temas, durante los siguientes 8 años posteriores a su captura, el 23 de julio del 2005 en Barranquilla, ‘Carlos Tijeras’ dio detalles sobre los pactos que hizo con los políticos para que estos llegaran a cargos de elección popular, Incluso, con quienes negociaba los próximos gerentes de los hospitales del Magdalena.
El 28 de marzo del 2016 fue dejado en libertad. Un año antes, había cumplido con los ocho años de prisión, estipulados por la ley 975 de 2005, que cumplió desde 2007 en la cárcel Modelo de Barranquilla.
Durante su detención, confesó más de 600 asesinatos, 50 fosas comunes y 2.155 hechos violentos por línea de mando, así como su colaboración en la preparación de falsos positivos en conjunto con miembros del Batallón Córdoba de Santa Marta, del Batallón Guajiro y de la Sijín del Magdalena.
Hoy, 11 años después de esta entrevista, y desde la tranquilidad en un pueblo cerca a Coveñas, Sucre, uno de los más sanguinarios paramilitares recibe una condena simbólica de 40 años, como integrante de la estructura criminal del bloque ‘José Pablo Díaz’.
Pero sigue siendo ley
Para entender mejor la sentencia, me comuniqué con un importante académico, hoy exiliado. Me explicó que la justicia no puede ser entendida como de papel.
Es entendible la sensación de una justicia con tareas incompletas ya que hoy, las víctimas no sienten una reparación integral con la verdad de lo sucedido, tampoco unas explicaciones claras sobre los asesinatos ocurridos a la mansalva o de los lugares donde reposan los cuerpos de sus seres queridos.
La interpretación de la sentencia debe estar enfocada en la verdad, aunque esta no se traduzca en cárcel. Se refiere entonces a los nombres de civiles, en su mayoría importantes empresarios, que participaron en la conformación de las dinámicas del paramilitarismo.
La conversación se resume en un breve comentario que no pudo continuar, ya que, en medio de la llamada, el responsable del exilio de mi entrevistado, fue dicho en 5 oportunidades.
Ley de Justicia y paz: sí, pero no así
En el 2005, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se puso en marcha la Ley de Justicia y Paz como resultado de un acuerdo de paz con los bloques paramilitares conocidos como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), creados bajo la ideología de Carlos Castaño y las órdenes de Salvatore Mancuso en el departamento de Córdoba.
Si bien hoy el documento de los acuerdos establecidos entre el Gobierno Nacional y las AUC, no aparece por ningún lado, sí se aprobó la Ley 975 del 2005, que plantea que los que se acogieran cumplieran con “la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas,” según reposa en documentos de la Fiscalía.
Asimismo, quienes se sometieron, debían hacer entrega de los bienes obtenidos al Estado, colaborar para localizar a las personas secuestradas o desaparecidas y de los cadáveres de las víctimas. Durante las audiencias, los ex paramilitares dieron información, entre otros detalles, de empresarios que ofrecieron dineros y que han sido condenados.
14 años después, la Ley de Justicia y Paz deja al país con más zozobra que certezas. Una radiografía presentada por el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y el Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, señala que en algunos fallos no se lograron establecer los móviles ni las circunstancias de los crímenes, los comandantes no entregaron la información completa, entre otros hallazgos, por lo que el acuerdo no alcanza para reparar al territorio colombiano afectado por el paramilitarismo.
Algunos de los más temidos hoy piden aterrizar en la Jurisdicción Especial para la Paz que nace del acuerdo de paz entre el Estado y las Farc (2016), y que reposa como un documento público, protegido y traducido a más de 40 lenguas indígenas del país.
Me parece pertinente volver a hablar del paramilitarismo que vuelve a tomar fuerzas en un territorio que conocen y en el que se sienten cómodos como el departamento de Córdoba y en el que los mismo paras demuestran una vez más el fracaso del proceso de paz, el de la Jurisdicción Especial de la Ley de Justicia y Paz.
[1] https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2015/10/SENTENCIA-MANGONES-LUGO-alias-Carlos-Tijeras-TSBt%C3%A1.pdf
