Los colombianos contemplamos estupefactos y con profunda alarma cómo las decisiones del gobierno entrante fracturan la identidad ética del país en el escenario global. Las recientes determinaciones marcan una claudicación moral que desfigura nuestra política exterior. Esta estrategia emula de forma directa el unilateralismo transaccional de Donald Trump y Benjamín Netanyahu, donde la soberanía de la ley se subordina a conveniencias internas de seguridad y comercio. Al sacrificar la vocación pacífica e internacionalista de nuestro país, no solo se altera el rumbo de nuestra diplomacia tradicional, sino que nos convierte a todos en partícipes involuntarios de una peligrosa regresión institucional en el contexto internacional.

El primer síntoma de este preocupante viraje se manifestó de forma explícita en el propio acto de investidura presidencial del señor Abelardo De la Espriella, con la destacada presencia y protagonismo del ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar. La reanudación inmediata de nexos bilaterales plenos con Tel Aviv resulta axiológicamente contradictoria con los mandatos obligatorios de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948). Normalizar las relaciones con un gobierno bajo rigurosa investigación penal por crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza, y cuyas ofensivas militares en el Líbano han sido tipificadas por la ONU como potenciales crímenes de guerra, constituye, desde un análisis del derecho público, una convalidación tácita de la impunidad y la asimetría bélica. Por qué no decirlo: una verdadera apología internacional al genocidio.

Esta reactivación de relaciones encuentra su contrapartida exacta en la anulación del equilibrio regional: la suspensión del proceso de apertura de la embajada de Colombia en Palestina, un proyecto diplomático estructurado bajo el precepto de la solución de dos Estados de la ONU. En términos de teoría de las relaciones internacionales, clausurar este canal no es una simple reestructuración de la burocracia estatal sino un acto de hostilidad ideológica. Al silenciar la voz diplomática del agredido mientras se premia al ocupante, el Gobierno colombiano abandona su rol como promotor de la paz y adopta una postura que vulnera flagrantemente el principio de autodeterminación de los pueblos.

El eslabón más crítico de esta trilogía decisoria radica en el retiro del respaldo del Estado a las causas vigentes en La Haya y la consecuente deslegitimación de la Corte Penal Internacional (CPI). Los magistrados de este tribunal sufren hoy un asedio internacional por emitir órdenes de captura contra altos mandos israelíes. Sumar a Colombia a este boicot —siguiendo la doctrina norteamericana de desmantelar los tribunales internacionales “ladrillo por ladrillo”, vociferada por Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU.— erosiona la última línea de defensa que posee la civilización contra la barbarie institucionalizada.

Este funesto panorama permite inferir un innegable ataque a la justicia como doctrina de gobierno. No se trata de un simple giro pragmático en el tablero internacional; es la manifestación externa de un desprecio metodológico por la limitación legal del poder. Quien aplaude la asfixia financiera y el chantaje político contra los jueces de La Haya en nombre de la realpolitik, está validando un peligroso precedente para nuestro orden interno. Desarmar los contrapesos internacionales es el primer paso para debilitar la separación de poderes y la independencia judicial en el territorio propio. Apartar a Colombia de los consensos del Estatuto de Roma sitúa a la nueva administración en el cuadrante de la regresión moral, demostrando que, para el nuevo Ejecutivo, la fuerza de las armas y los contratos pesan mucho más que el imperio de la ley.