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 Las Comisiones Económicas del Congreso de la República decidieron hundir la Ley de Financiamiento, una medida que el propio gobierno y diversos analistas expertos habían calificado como necesaria para sostener el presupuesto nacional. La determinación, tomada en un ambiente marcado por la confrontación política y en contexto de campañas electorales, abre un hueco fiscal de grandes proporciones y amenaza con golpear la calificación internacional del país, además de comprometer la continuidad de programas sociales esenciales.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue uno de los primeros en advertir las consecuencias. Según señaló, la decisión responde más a emociones y cálculos políticos que a criterios técnicos o al interés nacional: “Hoy Colombia está calificada por la banca internacional como un país de alto riesgo. No hay confianza de que vayamos a pagar la deuda externa. Los inversionistas no creen en Colombia y todo por una política hecha con las vísceras y no pensando en el bien del país. Los más afectados con una decisión de este tipo serán los más pobres”, afirmó el pasado 21 de noviembre en un mensaje publicado en redes sociales.

La caída de la Ley de Financiamiento deja sin sustento el presupuesto de la Nación que el mismo Congreso había aprobado meses atrás. Sin esos recursos, el Estado queda en un escenario de operación restringida que enfría la confianza inversionista y aumenta los costos del endeudamiento colombiano. La consecuencia inmediata: el gobierno tendría que ajustar el gasto público de manera abrupta. Esto incluye rubros sensibles, entre ellos el destinado al pago de la deuda externa. Un eventual incumplimiento podría traducirse en sanciones económicas severas, similares a las que enfrentan los hogares que no cumplen con sus obligaciones crediticias. El riesgo para la estabilidad macroeconómica es evidente.

Igualmente, entre los sectores que podrían verse afectados se encuentran programas como Adulto Mayor, Colombia Joven, la renta ciudadana y componentes clave de los sistemas de salud y educación. Su continuidad dependería de si el gobierno logra o no reacomodar recursos o aprobar una nueva fuente de financiamiento.

El voto negativo de las Comisiones Económicas, más que un acto técnico, fue interpretado por el Ejecutivo como un golpe político dirigido a debilitar al presidente Gustavo Petro. Sin embargo, esta estrategia podría tener un efecto boomerang para los mismos legisladores: si el gasto social se reduce y la ciudadanía siente el impacto directo, no sería extraño que las urnas se conviertan en el escenario de un castigo político.

El presidente Petro también se pronunció tras la votación, calificando la decisión como una demostración de cómo la confrontación política puede imponerse sobre el interés nacional: “El hundimiento de la ley financiera, como era predecible, no es más que el desarrollo del odio político por encima del interés nacional. Nadie cuerdo puede decir que ante un déficit no se debe obtener más recursos de una economía que está boyante y de unos megarricos que han duplicado sus utilidades gracias al encarecimiento de la deuda pública”, afirmó.

Mientras el Gobierno evalúa alternativas para cerrar el hueco fiscal, el país queda a la espera de cómo se resolverá una crisis provocada, de acuerdo con el Ejecutiv, por una decisión tomada con más vísceras que argumentos.