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 La Agencia Nacional de Tierras (ANT), bajo la dirección de Juan Felipe Harman Ortiz, celebró a finales de noviembre pasado una victoria jurídica decisiva: la Corte Suprema de Justicia dejó en firme que la finca La América, en Chimichagua (Cesar), permanecerá definitivamente en manos del campesinado. La alegría se siente en los territorios y en las instituciones encargadas de hacer cumplir la Reforma Agraria. La noticia fue anunciada con entusiasmo por el propio director de la ANT, Felipe Harman, quien en un evento público  afirmó: “Ganamos en la Corte Suprema el caso de La América: justicia para el campesinado de la región”. 

El predio La América, con 1453 hectáreas ubicadas en una zona golpeada históricamente por la violencia, había sido uno de los enclaves de poder más relevantes del paramilitarismo en la región. Hace un año, la ANT adjudicó el terreno a más de 600 campesinos en desarrollo de la Reforma Agraria.

Sin embargo, la adjudicación estaba en riesgo por las pretensiones de Hugues Manuel Fuentes, conocido como “Comandante Barbie”, un ganadero con pasado delictivo: estuvo detenido en Estados Unidos por narcotráfico y tiene condena por concierto para delinquir por promover grupos armados paramilitares. Fuentes intentó recuperar el dominio del predio, pero la Corte fue contundente al negar sus reclamaciones y proteger los derechos de las víctimas y los campesinos.

El alto tribunal revocó la decisión emitida en agosto por un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, quien había declarado ilegal la recuperación del predio hecha por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), entidad que había firmado un acuerdo con la ANT para entregar la finca a los campesinos.

La Corte no solo dejó sin efectos esa intervención, sino que determinó que el magistrado no tenía competencia para anular la operación de compra realizada por la ANT en enero de 2025, la cual se ejecutó plenamente conforme al Plan Nacional de Desarrollo. Incluso concluyó que la decisión inicial incurrió en una violación del debido proceso.

La sentencia de última instancia ratificó que la adquisición del predio por parte de la ANT fue totalmente legal y ajustada a la normativa vigente., También, que la entrega anticipada a las organizaciones campesinas continúa firme y avanzada en el marco de la Reforma Agraria. Finalmente, que los bienes asociados a estructuras criminales pueden convertirse en tierra productiva cuando se actúa dentro de la ley, transformando escenarios de violencia en motores de desarrollo rural.

Otro de los puntos más relevantes de la decisión es que los recursos de la venta del predio —más de $16.000 millones— serán destinados íntegramente al fondo de indemnización para víctimas del conflicto armado. De esta forma, la restitución de tierras no solo beneficia a los campesinos que hoy la habitan, sino que refuerza el ciclo de verdad, justicia, reparación y no repetición.

El presidente Gustavo Petro también celebró el fallo con un mensaje contundente en su cuenta de X: “Bien por la Corte Suprema, ganamos la tierra del narco Barbie para el campesinado”.

El caso de La América se convierte en un símbolo poderoso: tierra que antes fue controlada por estructuras criminales ahora se transforma en territorio productivo, con vocación agrícola y en manos de quienes la trabajan.

Este triunfo representa:

• Reparación real para más de 600 familias campesinas.
• Un paso firme en la Reforma Agraria.
• Un avance significativo en la defensa de los bienes despojados en el marco del conflicto armado.
• La consolidación de un modelo donde los recursos de la ilegalidad retornan a las víctimas.

Hoy ganan los campesinos, ganan las víctimas del conflicto armado, gana la Reforma Agraria, y gana Colombia.