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Filtración y venta de información en la Fiscalía tiene un modelo único, implantado por Aura Liliana Trujillo Rojas, delegada para las Finanzas Criminales

Varios Fiscales dijeron a La Nueva Prensa que enredar un expediente vale, de acuerdo con la gravedad del caso, entre 50 y 200 millones de pesos. “Pero la tarifa sube si el asunto es muy complejo, espinoso y de interés de los medios”, aseguró uno de ellos.


 Aura Liliana Trujillo Rojas, delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía General de la Nación, implantó desde comienzos de 2025 el Modelo Único de Investigación Financiera (MUIF), sistema obligatorio para recolectar y compartir información mediante hojas de Excel. Según denuncias de fiscales e investigadores, ha generado una grave filtración y venta de datos reservados en casos de lavado de activos y narcotráfico, debido a su deficiente diseño, la falta de experiencia técnica de quien lo lidera y la corrupción imperante en la entidad.

La polémica en la Fiscalía tomó fuerza tras conocerse que el modelo MUIF obliga a todos los fiscales de la Dirección contra el Lavado de Activos a subir los datos más sensibles de cada caso —incluyendo identidades de investigados, proyecciones de capturas, órdenes de allanamiento y evidencias clave— a una plataforma compartida en la nube, a la cual pueden acceder múltiples funcionarios sin controles claros de seguridad.

Funcionarios consultados por este medio, bajo reserva, confirmaron que el sistema ha permitido que la información termine en manos de los propios investigados, quienes, a través de sus abogados, se presentan ante los fiscales para anticipar y cambiar medidas judiciales en curso. Esta situación ha generado alarma no solo dentro de la Fiscalía, sino también en agencias internacionales como la DEA, que adelantan operaciones conjuntas con el ente acusador colombiano.

“La señora Trujillo no tiene ningún tipo de formación ni experiencia en investigación criminal económica, y eso se refleja en el caos que ha generado su modelo”, señaló una fuente de alto nivel vinculada a un grupo interagencial que investiga redes de lavado transnacional.

“Los fiscales no quieren subir la información al MUIF, pero los amenazan con enviarlos a regiones selváticas y apartadas si no lo hacen”, agregó.

Además de la exposición de información, se suma el malestar interno por la manera en que Trujillo Rojas ha reestructurado a su amaño la Dirección de Lavado de Activos: fiscales con más de una década de experiencia en la materia han sido trasladados sin justificación, y en su lugar han llegado funcionarios sin conocimientos en delitos financieros, lo que, según los denunciantes, retrasa los procesos y pone en riesgo investigaciones clave.

Los cambios coinciden con la denuncia de que al menos cinco expedientes de alto perfil, relacionados con estructuras de narcotráfico y financiamiento ilegal, fueron filtrados en su totalidad a través del MUIF. Una vez fuera del control de la Fiscalía, esta información habría sido vendida por sumas de hasta 200 millones de pesos.

La gravedad de los hechos no solo radica en la corrupción interna, sino en el impacto directo sobre la lucha contra el crimen organizado. “Estamos perdiendo los casos más importantes porque la información se filtra antes de que podamos actuar”, advirtió un fiscal que ha trabajado en coordinación con unidades como SIU (de la DEA) y GRAOS (inteligencia de la Policía Nacional).

Pese a que las alertas han sido elevadas dentro de la entidad, no se han tomado medidas efectivas para corregir el modelo ni para proteger a los fiscales que han alzado su voz. Mientras tanto, la administración de Trujillo Rojas sigue adelante con un sistema que, lejos de fortalecer las investigaciones, está facilitando la corrupción y debilitando la acción penal frente al lavado de dinero y el narcotráfico en Colombia.

Varios Fiscales dijeron a La Nueva Prensa que enredar un expediente vale, de acuerdo con la gravedad el caso, entre 50 y 200 millones de pesos. “Pero la tarifa sube si el asunto es muy complejo, espinoso y de interés de los medios”, aseguró uno de ellos.

En los casos en que un delincuente está  punto de ser capturado o llamado a juicio, por tarifas que comienzan en 100 millones de pesos los expedientes son cambiados de fiscal y mutilados, de tal manera que muchos han pasado hasta por veinte despachos, “siguiendo órdenes superiores”. Este sistema garantiza que investigaciones por gravísimos delitos duerman hasta su preclusión mediante el pago periódico de coimas.

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