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Hace más de año y medio se inició la investigación penal y todavía no se ha procesado ni a la mitad de los cómplices de esa red que robaba a través de contratos ficticios y millonarias trasferencias bancarias.

El escándalo de corrupción en la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible de Urabá (Corpourabá) estalló en noviembre de 2016. El cerebro de la operación criminal habría sido la tesorera Aracelly Alzate Aristizábal mediante una red que conformó con varios de sus compañeros: Diana Cristina Pineda Valderrama, jefe de presupuesto; Ameth Ríos Linares, contador; y Faris del Carmen Vergara, secretaria del área financiera. El peculado se calcula en $2.772 millones de pesos. 

Uno de los primeros en prender las alarmas sobre lo que ocurría en Corpourabá fue el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien en una carta al Ministro del Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo Urrutia, puso en conocimiento la situación y le solicitó “buscar mecanismos urgente que permitan superar graves casos de corrupción”, y menciona en detalle de dónde viene el robo: “[…] un horroroso caso de corrupción es que al menos cuatro funcionarios, entre enero de 2013 y junio 15 de 2016, trasladaron a sus cuentas personales dinero público de la Corporación y se lograron hurtar más de $2.000 millones de pesos”.

La Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación recibió la denuncia de las mismas directivas de Corpourabá, (con radicado 20160370530632) bajo la dirección de Vanessa Paredes Zúñiga, reemplazó de Gabriel Ceballos Echeverry, quien ocupó el cargo durante tres periodos y,  según fuentes, ayudó a que la corrupción campeara sin control.

El desfalco se puso en marcha mediante la implementación de contratos ficticios, a los que anexaban documentos legales destinados a otros contratos de prestación de servicios, los cuales reelaboran para poder efectuar el peculado. Luego de cometido el delito de falsedad ideológica de documento público, la red hacía los pagos por transferencias bancarias a las cuentas de los cómplices.

El Fiscal 52, Juan Mauricio Gómez Zuluaga, quien lleva el caso del desfalco de Corpourabá,  determinó que el cerebro de la operación habría sido Aracelly Alzate Aristizábal, quien involucró a su familia y algunos amigos.

Fuente: datos Fiscalía

La tesorera Aracelly Alzate, con los funcionarios Diana Cristina Valderrama, Ameth Ríos Linares y Faris del Carmen Vergara, desviaron los recursos a cuentas de personas naturales que resultaron ser familiares o amigos, como Arturo Rafael Granados, esposo; Vanessa Gutiérrez Alzate y Lina Marcela Duque Alzate, hijas; Gladys Estela Alzate Aristizábal, hermana; Rubén Darío Sayago, cuñado; Manuel Fernando Bedoya Alzate y Catalina Bedoya Alzate, sobrinos; Óscar Andrés Zuluaga Quintero, yerno; Edward Fabián Álvarez Rivera, periodista, y Rubén Darío Palomino, amigo.

El 5 de mayo de 2017, luego de haber sido capturados, los exfuncionarios Diana Cristina Valderrama, Ameth Ríos Linares y Faris del Carmen Vergara aceptaron los cargos imputados por peculado por apropiación en provecho propio y falsedad ideológica en documento público. 

¿Por qué se dio el robo en Corpourabá? Una de las razones, –según conoció La Nueva Prensa– fue por no contar con protocolos necesarios para las transacciones bancarias, por lo que desde la Tesorería se manejaba todo sin que operara el debido control, y el director solamente firmaba las órdenes de pago. Luego del escandalo, una de las acciones implementadas fue la utilización de dos token (dispositivos electrónicos para usuarios autorizados) y la triple firma para el manejo y modificación de las cuentas, a través de las sucursales virtuales de cada entidad financiera.

Para evadir cualquier tipo de investigación de control interno dentro de la corporación y las auditorías fiscales de la Contraloría General de República, Ameth Ríos Linares, contador de la entidad,  se encargaba de maquillar los balances contables, las conciliaciones, balances generales y de prueba, libros de bancos y ajustes contables.

La Contraloría General de la República recibió la información (bajo los radicados 2964, 2169, 2970 de 2016), sin que hasta el momento se hayan producido avances por responsabilidad fiscal de los funcionarios públicos procesados penalmente, salvo informes con hallazgos: “[…] de acuerdo con los cruces de información efectuados entre los comprobantes de egreso y los registros de salida de la entidad financiera, se realizó pagos a diferentes terceros que no se encuentran asociados a un comprobante de egreso, ni cuentan con el debido soporte, ni registro dentro del aplicativo ERP SINAP”. [Leer comunicado]

El caso más aberrante dentro del entramado del desfalco es el de Edward Fabián Álvarez Rivera, quien se hace llamar “periodista” y trabaja en la emisora Antena Stereo y en el periódico La Chiva de Urabá, de Apartadó.  Según el expediente de la Fiscalía, habría recibido $33.099.978 en su cuenta personal. ¿Con qué propósito prestó su cuenta bancaria para sacar dineros públicos de Corpourabá?

En la época del paramilitarismo, Corpourabá fue un bastión financiero del Bloque Elmer Cárdenas de las AUC y de la Asociación Comunitaria de Urabá y Córdoba (Asocomún), creada en febrero de 2002 por John Jairo Rendón Herrera, alias Germán Monsalve, hermano John Fredy Rendón Herrera, El Alemán. Esta asociación canalizó recursos del sector público a través de proyectos y programas que mejoraran la calidad de vida de los asociados. [Ver investigación Verdad Abierta]

Urabá, además de soportar el paramilitarismo y ahora a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), debe ver cómo roban millones de pesos de una entidad que vela por el desarrollo ambiental de la subregión. Luego de más de un año de investigación penal, todavía falta por procesar y condenar a más de la mitad de cómplices.