Washington, D. C. — Cinco miembros demócratas de la Cámara de Representantes enviaron una carta al presidente Donald Trump para que entregue públicamente la lista de organizaciones designadas como terroristas y explique las razones de los ataques militares recientes en el Caribe, en el que han sido asesinadas cerca de once personas civiles.
Mediante una misiva oficial dirigida a la Casa Blanca, los legisladores reclaman acceso a documentos clasificados, criterios y autorizaciones legales que sustentan las operaciones militares.
El documento fue enviado este martes, 7 de octubre de 2025.
Los congresistas alegan que la administración no ha identificado los grupos señalados de terroristas, ni ha aclarado bajo qué autoridad ni con cuáles argumentos se les considera combatientes ni cómo se aprobaron los bombardeos, lo cual limitó la supervisión de Poder Legislativo.
Los congresistas Gregory Meeks (por Nueva York), Adam Smith (Washington), Jim Himes (Connecticut), Jamie Raskin (Maryland) y Bennie Thompson (Mississippi) firmaron la carta con carácter de exigencia institucional. Ellos afirman que la administración Trump ha declarado unilateralmente que ciertos “carteles de droga” funcionan como “grupos armados no estatales”, los ha clasificado como organizaciones terroristas y ha argumentado que su actividad representa un ataque armado contra Estados Unidos. Sin embargo, según el texto de la carta, nunca se ha divulgado públicamente cuáles son esos cárteles ni cómo se tomaron esas decisiones para cometer los homicidios.
Los firmantes exigen que la Casa Blanca entregue “de inmediato” la lista completa de los grupos designados, junto con la metodología usada para esas determinaciones y el fundamento legal para tratar a presuntos afiliados de organizaciones de tráfico de droga como “combatientes enemigos” para autorizar bombardeos letales.
La carta plantea un desafío político a la administración Trump respecto al uso del poder militar sin supervisión legislativa. De aprobarse que Trump no cuenta con respaldo claro o criterios transparentes, podrían generarse audiencias en el Congreso, cabildeo para exigir informes oficiales o incluso acciones para restringir financiamiento militar. Hasta ahora no ha habido una respuesta pública de la Casa Blanca que acepte o rechace la petición.
Este tipo de disputa refuerza el debate sobre los límites del poder ejecutivo en operaciones militares, el rol del Congreso en supervisión y rendición de cuentas, y el uso de la etiqueta “terrorismo” para acciones contra grupos criminales.
