Don Roque murió batallando en oficinas públicas para limpiar el alma y la memoria de su único nieto.

Don Roque Sánchez Pinzón ya había muerto cuando ganó la última batalla legal que emprendió para limpiar la memoria y el alma de Carlos Andrés, su único nieto.

El nombre verdadero fue Carlos Andrés Pinzón y así era como el abuelo exigía que se inscribiera en la tumba de su nieto, hijo de su hija Olga Pinzón Monsalve –quien lo abandonó– y de padre desconocido.

Don Roque Pinzón, viudo, crio al niño desde los seis años de edad en su granja, situada en las borrascosas vecindades rurales de Riachuelo, municipio de Charalá, en la provincia andina colombiana de Norte de Santander.

“Vivíamos en la vereda La Loma, cosechábamos yuca, caña, plátano…”, declaró Don Roque Pinzón en una de las innumerables diligencias judiciales que efectuó en busca de que la memoria de su nieto se honrara con la inscripción definitiva de su nombre propio.

Don Roque tenía entendido que la lápida no debía cambiarla por propia mano (como quiso hacerlo muchas veces), sin violar leyes y profanar el cementerio católico donde fue sepultado el chico por el ejército de sicarios paramilitares que, esclavizado, lo mandó por la fuerza a la línea de fuego. Murió en el primer combate al que fue enviado.  

Don Roque le había enseñado los ciclos inexorables de la tierra y de su fertilidad; la influencia de la Luna sobre las siembras, los secretos de la botánica para curarse ellos mismos por sus propios medios y a sus animales; las habilidades para cargar y conducir las mulas con la producción de la granja, a llevar en orden la contabilidad personal con el cruce del debe y el haber y a practicar los preceptos sociales y religiosos que debía respetar para vivir en paz.

Cuando se lo llevaron amarrado los paramilitares, Carlos Andrés ya conocía, además, los pasos que debían darse para pagar los impuestos de la granja y Don Roque guardaba la esperanza de que su nieto viviría para presenciar la llegada de la energía eléctrica y de una carretera con la que se le daría velocidad al transporte de productos agrícolas de la zona hacia los puntos de comercio.

En muy pocas ocasiones Don Roque tuvo dinero sobrante para darle regalos a su nieto en Navidad o el día del cumpleaños, 25 de febrero. Por lo regular, los excedentes solamente le alcanzaban para comprarle los lápices y los cuadernos de la escuela en los almacenes de miscelánea de Charalá.

La siembra y la recolección en la huerta y la atención diaria de los asuntos de la granja unieron a Don Roque y al niño en una relación marcada de manera entrañable por las mejores pasiones del ánimo: el amor y el cariño.

El niño nunca lo llamó abuelo sino papá.

Carlos Andrés asistía a clases en las mañanas en la escuela rural Nuestra Señora del Rosario, tomada por las armas en 2002 por un escuadrón de la muerte que se estableció en la zona. La rectora y la maestra permitieron que los delincuentes obligaran a los niños a limpiarles las armas y dejaron que organizaran reinados infantiles en los que los jefes delincuenciales hacían las veces de jurados y abusaban sexualmente de las niñas y los niños que resultaban “ganadores”. Carlos Andrés fue uno de ellos.

La banda de asesinos, autodenominada “Frente Comunero Cacique Guanentá”, también se apoderó de la iglesia de Riachuelo, del centro de salud y de la ambulancia, en la que los paramilitares solían llegar a los caseríos con la sirena encendida, se bajaban disparando sus fusiles y se iban con los cadáveres de las víctimas para botarlos por el camino.

El mismo año en que llegó la gavilla de hampones, Carlos Andrés fue enrolado por la fuerza. Se lo llevaron amarrado como a un semoviente, con la promesa de que recibiría un sueldo y lo confinaron a ordeñar vacas en las fincas El Cuadro y Villa Elvia. El abuelo iba a visitarlo y tuvo el presentimiento de que sería enviado a otra parte sin que él lo supiera.

En efecto, una tarde fue a buscarlo pero no lo encontró. Nunca más volvió a verlo vivo si bien Carlos Andrés fue puesto en la vanguardia de un combate contra el Ejército y cayó muerto el 5 de octubre de 2002. Asustado por la intensidad del fuego, el chico botó su arma, que no sabía manejar, y echó a correr. Su cadáver mostró 17 heridas de fusil en el pecho y la espalda.

Dos días después, los paramilitares le dijeron a Don Roque que fuera hasta la vecina ciudad colonial de San Gil para reclamar el cuerpo de su nieto en el depósito municipal de cadáveres, donde se lo entregaron, organizó una misa mortuoria y lo sepultó en el cementerio del pueblo.

Don Roque marcó la tumba con una X con el objeto de reconocerla y volvió días más tarde para adornarla con unas flores recogidas en la granja y se encontró con que tenía una lápida en la que se leía “Ernesto”, nombre de guerra que le dieron los asesinos que lo habían secuestrado y enviado a la muerte.

El abuelo sabía que en caso de protestar sería asesinado, pero emprendió una serie de reclamaciones sutiles en busca de que el gobierno de Colombia cambiara la lápida por otra en la que estuviera labrado el nombre completo y real del niño. “No quiero recordarlo como combatiente sino como estudiante”, dijo Don Roque en todos sus pedidos.

Con los mismos lápices escolares de colores de Carlos Andrés, el abuelo dibujó la escuela y al niño frente a ella, con una leyenda: “El mejor recuerdo de mi nieto” (ver foto).

Las violaciones carnales sistemáticas sufridas por Carlos Andrés, su reclutamiento ilícito y su muerte no fueron objeto nunca de proceso penal alguno.

El dibujo del abuelo y sus reclamaciones se perdieron entre expedientes sin causa ni respuesta y el abuelo –solitario– murió un buen día con el corazón hecho pedazos.

La granja pasó por la fuerza a manos del asesino William Carreño, alias “Chirrerte”, jefe paramilitar de la zona que violó al niño y lo mandó a morir en el combate.

El infortunio de Carlos Andrés y su abuelo sucumbió en el olvido, como tantas otras tragedias sin memoria ni justicia de la guerra colombiana.

Empero, la historia fue encontrada entre los cerros de papeles de su oficina por Alexandra Valencia Molina, magistrada del Tribunal Superior de Justicia y Paz de Bogotá. La conocí siendo ella Procuradora encargada de investigar temas de derechos humanos, cargo del cual fue despedida por haber tenido el coraje de poner al descubierto una de las fosas comunes más grandes de la historia de Colombia, en La Macarena, oriente de Colombia, donde el Ejército enterró sin control a millares de personas inocentes a las que mató con el único ánimo de subir las estadísticas sobre bajas mortales de “bandidos” en una guerra que, en realidad, estaba perdiendo.

La magistrada estudió el caso y en noviembre de 2015 produjo una decisión de obligatorio cumplimiento por medio de la cual ordenó fabricar y empotrar la lápida correcta de Carlos Andrés, tal como lo pidió su abuelo hasta la muerte (ver foto).

Lapida del niño Carlos Andres Pinzón

La orden la cumplió una comisión del propio Tribunal, encabezada por la abogada Clara Inés Obando.

Conocí este caso porque, durante una de mis frecuentes visitas al Tribunal, la magistrada Valencia me habló del dolor inmenso que le había causado (no pudo dejar de llorar cuando me contó de qué se trataba) y me hizo ver que Colombia está necesitada de millones de órdenes de reparación y justicia como esta.

Llevaba meses con los papeles de la magistrada en mi maletín. Cuando los sacaba y comenzaba a leerlos, se me arrugaba el corazón y volvía a guardarlos.

Hoy publico aquí esta historia, en memoria eterna del niño y de su abuelo, Don Roque, quienes vivieron solos, pobres y felices, hasta cuando la retorcida maldad colombiana se los permitió.

Y es también un homenaje a una jueza íntegra y valerosa a la que jamás se le han secado las lágrimas. Ella no ha perdido sus sentimientos de amor por el prójimo ni su profunda cualidad humana de sentir espanto frente a los cientos de miles de tragedias que no puede remediar, pero tiene la obligación de examinar todos los días en su oficina.