24 febrero de 2021.- Desde la firma de los acuerdos de paz la violencia se ha exacerbado en el país hasta alcanzar unas cifras sin precedentes recientes.

En Antioquia, el Bajo Cauca es por la expansión de los grupos paramafiosos siguen generando delitos que recrudecen toda la violencia: desplazamientos, decapitaciones, homicidios, masacres, asesinatos a líderes sociales, atentados contra los derechos humanos que se han convertido en el nuevo paisaje.

El Bajo Cauca ha pasado de tener cero masacres en el año 2016 a reportar 2 en el 2017, 1 en el 2018, 6 en el 2019 y 13 durante el 2020 que la convierte en la zona del departamento con más número de masacres. La firma del acuerdo de paz entre el Estado y las guerrillas de las Farc redujeron a mínimos históricos los hechos de violencia contra la población.

Durante el 2020, las Naciones Unidas reportaron 191 casos de violencia armada durante el 2020 en Bajo Cauca. 13 Masacres, 17 incidentes de desplazamiento forzado (Principalmente masivos), una veintena de desapariciones forzadas, asesinatos a líderes sociales y la demostración de poder de grupos armados ilegales que siguen imponiendo una agenda armada sin precedentes.

 

 

Durante el 2020, ocurrieron 5 masacres en Cáceres, 3 en Caucasia, 1 en El Bagre, 1 en Nechí, 2 en Tarazá y una en Zaragoza que significa la mitad de las 24 masacres ocurridas en todo el departamento.

Este año 2021 en Antioquia ya han ocurrido 5 masacres en Antioquia, 3 de ellas se han presentado en el municipio de Tarazá, Bajo Cauca.

 Otro de los flagelos que muestran el deterioro de las condiciones de seguridad, mientras los casos se incrementan día a día seguimos recordando el cruel hecho del pasado viernes 8 de enero en horas de la noche la comunidad de la Isla de Buenos Aires ubicada en el municipio de Cáceres se presentó una violenta incursión paramafiosa que dejó dos personas desaparecidas. Se trató del líder de la comunidad Edwin Antonio Indaburo y de Jhon Jairo Estrada Herrera, campesino parcelero de esa zona; estas dos personas fueron sacadas de sus viviendas por la fuerza, el grupo armado robó varias de sus pertenencias, luego los asesinaron y los arrojaron al Río Cauca donde fueron hallados días más tarde en Estado de descomposición. Hay más casos.

Cifras desplazamientos forzados 2016 hasta el año 2020

Gráfico de CORPADES con cifras de la ONU

El Bajo Cauca antioqueño pasó de tener 2 desplazamientos forzados (principalmente masivos) en el 2016, 2 en 2017, a tener 19 en el 2018, 12 durante el 2019 y 17 en el 2020 en la que más de 50.000 personas terminaron afectadas por los actores que generan la violencia. Más que números son los dramas de miles de familias que siguen siendo víctimas del regreso de la violencia a sus poblaciones.

Todos estos desplazamientos tienen varias cosas en común, muchos de ellos retornan bajo la promesa de las garantías de la ley 1448, otras por temor deciden reubicarse en las grandes ciudades y abandonar el arraigo al campo, cada nuevo hecho permite cuestionar si en realidad las autoridades del departamento están comprometidas y evitar que ocurran más hechos de violencia o si en realidad podemos pasar la página de la guerra para dedicarnos a disfrutar de la paz.

Aún no nos reponemos del desplazamiento forzado del 3 de septiembre ocurrido en la Isla conocida como La Amargura del municipio de Cáceres y en la que cerca de 800 personas comprendidas por 206 familias fueron amenazadas y obligadas a abandonar sus propiedades.

El día 5 de enero se presentaron fuertes combates entre grupos paramilitares en la vereda Popales, sector Urales del corregimiento El Guáimaro, en estos hechos la población civil quedó en medio de un intenso fuego cruzado, se temía lo peor. Según las fuentes consultadas por Análisis Urbano, 3 integrantes de estos grupos perdieron la vida. Uno de ellos fue llevado hasta un costado de la caseta comunal, contiguo a una vivienda en donde habitan niños y niñas, lo paradójico de todo esto y la muestra del abandono, fue que las autoridades llegaron a hacer el respectivo levantamiento 3 días después de los hechos a esta zona que está ubicada a escasas 3 horas del casco poblado de Tarazá. Ese es el grado del abandono de estas poblaciones. En esa misma zona han ocurrido 3 enfrentamientos similares.

Mientras las autoridades buscan a los delincuentes aplicando las viejas fórmulas como las recompensas y la militarización de la vida social, la Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo N° 045-2020 del 31 de agosto de 2020 ofrece todo el escenario de riesgos, las recomendaciones a toda la institucionalidad  y muestra cómo la expansión del paramilitarismo afecta la tranquilidad de los habitantes del Bajo Cauca.

Como si se tratara de una crónica de una muerte anunciada en El Macondo bajo caucano, el 2 de febrero la Defensoría del Pueblo expone un oficio de consumación de riesgos que detenta 22 oficios adicionales de consumación de riesgo, es decir, no solo estaba advertida la situación de violencia para el Bajo Cauca, sino que también se consumó el riesgo que genero los desplazamientos, asesinatos, torturas, desapariciones, reclutamientos forzados, y mantiene a los habitantes de esta región en la zozobra permanente.