La Fiscalía General de la Nación debe extinguir el dominio de los bienes de Corficolombiana S.A., subsidiaria del Grupo Aval, así como de Odebrecht, como consecuencia de las corruptelas que cometieron mancomunadamente en la contratación de varias mega obras, sostiene el abogado José Ignacio Ramos.

Ramos elevó un derecho a petición el pasado 11 de junio dirigido al Fiscal General de la Nación encargado, Fabio Espitia, en el que solicita información puntual sobre si se iniciaron esos procesos de extinción, como lo ordena el Código de Extinción de Dominio respecto de las empresas que incurren en hechos probados de corrupción.

        El abogado Ramos pregunta en qué juzgados de extinción de dominio se llevan esos procesos y en caso de no haberse iniciado pide que el Fiscal General le explique por qué no lo ha hecho.

         La Nueva Prensa pudo establecer que tales procesos no se han iniciado y hay orden del Fiscal Espitia de impedir que se haga.

         El Fiscal General saliente, Néstor Humberto Martínez Neira, renunció recientemente al cargo y se fue del país cuando supo que la Corte Suprema de Justicia le iba a pedir la renuncia. Él fue el abogado principal de Corficolombiana S.A. y de Odebrecht en los trámites corruptos que condujeron a las adjudicaciones ilícitas. Antes de irse se ocupó de nombrar como encargado en su reemplazo a Fabio Espitia, quien continúa siguiendo sus lineamientos.  

         La corrupción cometida por Corficolombiana S.A., dice el abogado Ramos, está probada a tal punto que su presidente, José Elías Melo, ya fue condenado a 11 años de prisión por los delitos de cohecho y celebración indebida de contratos. Melo fue cómplice de Odebrecht para sobornar al ex viceministro de Transporte, Gabriel Ignacio García Morales, quien también fue condenado.

         Melo autorizó los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para obtener el contrato de la Ruta del Sol II, dice la sentencia en su contra y fue enviado a purgar su pena en La Picota, de Bogotá.

         Ese hecho probado de corrupción obliga a la Fiscalía General a iniciar un proceso de extinción de dominio en contra de Corficolombiana S.A., así como se hace con todas las demás empresas colombianas que incurren en hechos de corrupción, explicó Ramos. “La ley no contempla excepciones”, observó.

         El ex vice ministro de Infraestructura Gabriel García Morales también fue enviado a La Picota para purgar una pena de cinco años   y a pagar una multa de $ 6,5 millones de dólares por haber recibido sobornos de Corficolombiana S.A. y su socio Odebrecht a cambio de la concesión corrupta de la Ruta del Sol II. Los delitos por los que fue hallado culpable son cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.

         Del mismo modo, ya fueron condenados en Colombia, pero se les permitió salir para quedar prófugos, los ejecutivos de Odebrecht Hamilton Hideaki Sendai y Manuel Ricardo Cabral Ximenes. Ambos participaron con el Grupo Aval en las corruptelas cometidas para la adjudicación del contrato Ruta del Sol II.

         Debido a las calidades de cómplice con Odebrecht y el Grupo Aval que tenía el anterior Fiscal Martínez Neira éste consiguió que la Corte Suprema pusiera un fiscal ad hoc para llevar tres de los 17 casos de corrupción que se tramitan en la Fiscalía General.

         Al salir Martínez, las oficinas del ad hoc Espinosa fueron allanadas en una diligencia de la que no quedaron registros y en la que se destruyeron cerca de 15 mil folios en los que era nombrado Martínez Neira, informaron airados agentes del CTI.

         Antes de irse, Espinosa le hizo llegar a la Corte Suprema un informe de su corta gestión y en él consigno nuevas corruptelas que halló cometidas por Corficolombiana S.A. y Odebrecht. También, consignó que su trabajo había sido saboteado por la Fiscalía de Martínez Neira y pidió que se investigue judicialmente a dos fiscales que ya estaban acusados por múltiples accionantes de delinquir virtualmente en favor de Martínez Neira desviando y ocultando informaciones, así como haciendo montajes judiciales con pruebas y testimonios falsos. Son ellos Álvaro Enrique Betancourt Martínez, Fiscal 11 Delegado ante el Tribunal de Distrito, y Daniel Ricardo Hernández Martínez, Fiscal 7 Delegado ante el Tribunal de Distrito.

         Los procesos contra ellos no avanzan, pues los lleva la misma Fiscalía General y ambos son protegidos del Fiscal General Espitia.

         Aparte de los procesos en Colombia, Luis Carlos Sarmiento, dueño del Grupo Aval y de Corficolombiana S.A., está siendo procesados penal y disciplinariamente por autoridades de Estados Unidos en casos relacionados con estos mismos hechos.