WASHINGTON D.C. — Una carta firmada por siete miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y dirigida al presuntamente ilegítimo presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, plantea una hoja de ruta para la relación bilateral y, al mismo tiempo, contiene advertencias sobre algunos de los asuntos más sensibles de la política colombiana: la seguridad, la lucha contra el narcotráfico, la protección de líderes sociales, las desigualdades sociales y, de manera particularmente enfática, la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.

La comunicación fue encabezada por los representantes James P. McGovern y Joaquin Castro, y suscrita además por Jonathan L. Jackson, Dina Titus, Sydney Kamlager-Dove, Mark Pocan y Mark DeSaulnier. La oficina de McGovern confirmó el envío de la misiva y señaló que el propósito es respaldar la continuidad de la cooperación entre Estados Unidos y Colombia en una amplia variedad de asuntos de interés común.

Aunque comienza con una felicitación por la posesión de De la Espriella y con una reafirmación de la importancia de la relación bilateral, el documento adquiere rápidamente un carácter político. Los legisladores estadounidenses dejan claro cuáles consideran que deben ser algunas de las prioridades de la nueva administración colombiana.

Uno de los primeros asuntos mencionados es el terremoto ocurrido el 10 de agosto. Los congresistas expresan su solidaridad con los colombianos afectados y aseguran que, como miembros del Congreso, respaldarán los esfuerzos de recuperación y asistencia humanitaria que adelante el Gobierno de Estados Unidos.

El mensaje aparece en un momento particularmente delicado para Colombia, y constituye una señal de disposición estadounidense para acompañar al país en las labores de atención y recuperación posteriores a la emergencia.

La carta destaca que Estados Unidos y Colombia mantienen una relación que trasciende las diferencias partidistas y los cambios de gobierno. Los congresistas describen la relación bilateral como un elemento fundamental de la cooperación regional y señalan como áreas prioritarias la seguridad, la lucha contra el narcotráfico, la paz, el comercio y la inversión, la educación, la migración y la defensa de los derechos laborales y humanos. También destacan expresamente los derechos y la inclusión de las comunidades afrocolombianas e indígenas.

El mensaje político es claro: Washington quiere preservar la cooperación con Colombia, pero espera que esta se mantenga alrededor de una agenda amplia que no se limite a la seguridad y al combate contra las drogas.

Uno de los planteamientos centrales de la carta es la necesidad de abordar la seguridad colombiana mediante una estrategia integral. Los congresistas reconocen que Colombia continúa enfrentando problemas importantes de seguridad, justicia, corrupción, desigualdad y protección de civiles y líderes sociales. También advierten sobre las dificultades que persisten en regiones rurales, remotas y afectadas por décadas de conflicto.

Pero su conclusión va más allá del diagnóstico. Según los legisladores, las décadas de cooperación entre ambos países han demostrado que los problemas de seguridad de Colombia no pueden resolverse exclusivamente mediante las fuerzas de seguridad.

En su lugar, consideran necesario combinar las acciones de seguridad con una mayor presencia civil del Estado, participación de la sociedad civil y alternativas económicas para las comunidades que actualmente dependen de economías ilícitas.

La carta vincula directamente la seguridad con el desarrollo económico. Los congresistas sostienen que conseguir una paz duradera en las regiones donde se han instalado economías ilegales requiere mucho más que reducir la violencia. Es necesario, dicen, crear oportunidades económicas legales que permitan a las comunidades abandonar las actividades ilícitas.

Esta visión coloca el desarrollo rural y la presencia institucional del Estado como componentes de la política de seguridad, sin los cuales no es posible la materialización de una seguridad real y sostenible en el tiempo.

Uno de los pasajes más concretos se refiere a la política antidrogas. Los congresistas sostienen que la experiencia de las últimas dos décadas indica que la fumigación aérea utilizada para reducir los cultivos de coca no produjo reducciones duraderas a largo plazo.

En lugar de presentar el narcotráfico exclusivamente como un problema colombiano, la carta señala que el fenómeno atraviesa fronteras y está determinado tanto por la oferta como por la demanda. Por ello, plantean una responsabilidad compartida entre los países involucrados para desmantelar las redes del narcotráfico y los grupos armados ilegales que las controlan.

El planteamiento es significativo porque propone mirar la política antidrogas desde una perspectiva internacional y estructural, en lugar de concentrarla exclusivamente en la erradicación de cultivos.

Por otra parte, los representantes estadounidenses también dedican un apartado a la diversidad étnica y cultural de Colombia. Reconocen los avances alcanzados, pero advierten que persisten desigualdades importantes en el acceso a la educación, el empleo y las oportunidades económicas.

La preocupación se concentra especialmente en las comunidades afrocolombianas e indígenas y en las poblaciones rurales y de menores recursos. Los congresistas afirman que atender las necesidades de estos sectores continuará siendo una prioridad para ellos, lo que incorpora explícitamente la inclusión social y económica dentro de la agenda que proponen para la relación entre los dos países.

Sin embargo, el elemento más contundente de la carta aparece cuando los congresistas se refieren al Acuerdo de Paz de 2016.

Los representantes estadounidenses consideran que el Acuerdo, respaldado de manera bipartidista por el Congreso de Estados Unidos, continúa siendo un elemento fundamental para enfrentar los problemas estructurales de Colombia.

Particularmente, destacan el sistema de justicia transicional y lo califican como un modelo altamente sofisticado para avanzar en verdad, justicia y rendición de cuentas frente a los crímenes cometidos durante el conflicto.

El mensaje no se limita a elogiar el Acuerdo. Los congresistas formulan una advertencia directa al nuevo gobierno: aunque reconocen que podrían ser necesarios ajustes a la estrategia general de paz, sostienen que Colombia debe continuar cumpliendo las obligaciones derivadas del Acuerdo de 2016.

La frase más política de la comunicación aparece cuando los legisladores advierten que el incumplimiento del Acuerdo podría hacer que Colombia “retroceda décadas” y abrir la puerta a un nuevo ciclo de violencia. Además, consideran que un retroceso sería especialmente lamentable después de los avances alcanzados con cooperación y apoyo de Estados Unidos.

En otras palabras, los congresistas no plantean que la política de paz deba permanecer completamente inmóvil: admiten la posibilidad de modificaciones y ajustes, pero establecen como límite el cumplimiento de las obligaciones fundamentales adquiridas en 2016.

Adicionalmente, la carta hace referencia a la protección de civiles y líderes sociales entre las preocupaciones expresadas por los congresistas. El documento vincula la seguridad con la protección de las personas y con el fortalecimiento de las instituciones civiles del Estado. Para los firmantes, la estabilidad de Colombia no depende únicamente de la capacidad de combatir grupos armados, sino también de la capacidad del Estado para garantizar derechos y ofrecer servicios y oportunidades en territorios históricamente abandonados.

Al final de la carta, los representantes estadounidenses reiteran su disposición a trabajar con la administración De la Espriella, proponiendo una agenda que combina seguridad, lucha contra el narcotráfico, paz, desarrollo económico, derechos humanos, migración, comercio, educación e inclusión social.

El cierre apela a cuatro principios: respeto mutuo, responsabilidad compartida, paz y prosperidad, democracia y Estado de derecho.

El documento enviado a De la Espriella puede leerse en dos niveles. Por un lado, representa una señal de continuidad en la relación entre Washington y Bogotá. Los congresistas expresan claramente su voluntad de mantener la cooperación bilateral y respaldar a Colombia frente a sus principales desafíos. Por otro, la carta establece prioridades y límites políticos. Los firmantes defienden una estrategia de seguridad que combine fuerza pública con presencia civil, desarrollo y alternativas económicas; cuestionan la eficacia de la fumigación aérea como solución de largo plazo, llaman a combatir el narcotráfico desde una perspectiva de responsabilidad compartida, ponen especial atención en las comunidades afrocolombianas e indígenas y, sobre todo, defienden la continuidad de las obligaciones del Acuerdo de Paz de 2016.

Así, detrás del saludo protocolario al nuevo presidente aparece un mensaje de fondo: Estados Unidos está dispuesto a continuar trabajando con Colombia, pero los congresistas firmantes esperan que la nueva administración mantenga una política de Estado en materia de derechos humanos, desarrollo territorial y paz y que cualquier modificación de la estrategia de seguridad o de paz no implique abandonar los compromisos fundamentales adquiridos en 2016.