El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) negó la existencia de cualquier trámite, solicitud o beneficio que pudiera permitir la salida de prisión del ex gobernador de La Guajira y asesino serial Juan Francisco, alias  “Kiko” Gómez Cerchar, uno de los políticos con mayor prontuario criminal del país, condenado a 55 años de cárcel por tres homicidios de 131 y vinculado históricamente con estructuras armadas del narcotráfico.

La respuesta oficial fue enviada este 10 de diciembre al periodista Gonzalo Guillén, director de La Nueva Prensa, quien había solicitado aclaraciones ante versiones sobre una supuesta liberación inminente. En el oficio firmado por el director de La Picota, Horacio Bustamante Reyes, el INPEC es explícito y directo: “No existe trámite administrativo en curso […] que permita reconocer o estudiar beneficios de carácter penitenciario o administrativo a favor del mencionado PPL [persona privada de la libertad].”

El documento añade que la institución no tiene noticia de ninguna orden judicial que autorice su salida. “Las decisiones de libertad corresponden exclusivamente a los jueces”, enfatiza, cerrando así cualquier margen para maniobras administrativas o interpretaciones de conveniencia.

“Cada rumor sobre su libertad revive el miedo y el dolor” han declarado víctimas de este asesino. Los familiares de las víctimas reaccionaron con indignación frente a los rumores. Una pariente de la exalcaldesa Yandra Brito —asesinada por la estructura criminal de Gómez— aseguró recientemente que cada vez que se menciona la posibilidad de que el exgobernador salga de prisión “es como si lo volvieran a matar todo”. “Kiko Gómez no solo le quitó la vida a Yandra; también intentó borrar a toda su familia. No puede volver a caminar libre por este país mientras no responda por todos los crímenes que todavía están impunes”, dijo la pariente.

Por su parte, un exfuncionario judicial que participó en el caso —y pidió reserva de su nombre por seguridad— lo dijo sin rodeos: “Gómez es un símbolo de cómo el poder político y las armas ilegales se fundieron en La Guajira. Su libertad sería una bofetada al Estado de Derecho.”

Gómez Cerchar no es un preso cualquiera. Su carrera pública —concejal, alcalde, diputado y gobernador— estuvo acompañada de denuncias constantes por alianza con bloques paramilitares, control armado del territorio, amenazas, desapariciones, torturas y homicidios selectivos. Las sentencias lo describen como el articulador de una red criminal con tentáculos políticos, capaz de utilizar el aparato estatal de La Guajira para facilitar asesinatos o encubrirlos.

Fue condenado por los homicidios de: Yandra Brito, exalcaldesa de Barrancas, Luis López Peralta, concejal de Barrancas; Henry Ustáriz, esposo de Yandra Brito y su escolta y otros, pero estas personas son apenas la parte judicialmente comprobada de un catálogo de violencias mucho más amplio. Diversos expedientes, informes de ONG y testimonios ante Justicia y Paz lo mencionan en relación con más de 130 asesinatos, amenazas sistemáticas contra opositores y alianzas operativas con jefes paramilitares del narcotráfico como su jefe de sicarios Marquitos Figueroa.

La precisión del INPEC llega en un momento en que sectores políticos cercanos al exgobernador han intentado instalar la narrativa de que Gómez Cerchar tendría derecho a beneficios. Sin embargo, la realidad jurídica es contundente: no existe trámite, no hay solicitud, no hay orden judicial, no hay nada.

Para las víctimas, la aclaración es un respiro momentáneo, pero también un recordatorio de la fragilidad institucional. “Con hombres como Gómez uno nunca baja la guardia. Su poder fue demasiado grande y sus alianzas igual de peligrosas. Necesitamos garantías reales de que no se va a colar por la puerta de atrás”, afirmó un líder social de Riohacha.

Por ahora, la postura oficial del Estado es inequívoca: ‘Kiko’ Gómez sigue preso, sin beneficios, sin trámites y sin posibilidad conocida de obtenerlos. Y las víctimas, una vez más, exigen que así permanezca hasta que responda por todo lo que aún falta por esclarecer.

El historial criminal de Kiko Gómez está expuesto de manera magistral en el libro “Lo que no borró el desierto”, de la reconocida escritora y periodista Diana López Zuleta, hija del asesinado exconcejal de Barrancas Luis López Peralta.