En un movimiento legal de alto impacto, el ciudadano John Carlos Ninco Bonilla ha interpuesto una denuncia penal formal ante la Fiscalía General de la Nación, involucrando a ex altos funcionarios del gobierno del expresidente Iván Duque Márquez, así como a otros individuos, por omisión y acción en el deber de protección de la vida.

La denuncia, radicada este 2 de diciembre, señala directamente a Iván Duque Márquez (expresidente de la República), Daniel Andrés Palacios Martínez (exministro del Interior, Diego Andrés Molano Aponte (exministro de Defensa), Alfonso Rafael Campo Martínez (exdirector de la UNP) y Pablo Elías González (exconsejero Presidencial para los Derechos Humanos).

El denunciante, John Carlos Ninco Bonilla, líder social y defensor de derechos, argumenta que los señalados “ignoraron nuestras solicitudes de protección y se desentendieron de las políticas de prevención que se convirtieron en ‘un fracaso’”.

La base de la acusación se centra en el Artículo 67 del Código de Procedimiento Penal (Deber de denunciar) y sostiene que las autoridades no fortalecieron los esquemas de seguridad, no atendieron los requerimientos oportunamente y debilitaron los programas de prevención y protección a los derechos a la vida, la libertad e integridad: “quedamos en estado de indefensión ante las pésimas medidas de protección asignadas por el Estado colombiano”, se lee en el documento, haciendo referencia a los efectos del Decreto 1139 de septiembre de 2021. El delito a establecer por la Fiscalía apunta a hechos y responsabilidades penales por acción y omisión.

El ciudadano Ninco Bonilla fundamenta su acción en múltiples artículos de la Constitución Política de Colombia (Artículos 2° y 1 superiores, 29 y 90) que estipulan el deber del Estado de proteger la vida y la posibilidad de declarar responsabilidad extracontractual por daño antijurídico. La denuncia anexa 27 folios y hace referencia a investigaciones que reposan en el expediente de la Acción de Tutela STC15227-2024.

El requerimiento principal de John Carlos Ninco Bonilla a la Fiscalía es la Asignación de un fiscal de garantías para la inmediata protección de sus derechos fundamentales. La denuncia indica que, ante la falta de garantías, tuvo que abandonar el país en busca de Protección Internacional el 14 de octubre de 2020.

La Fiscalía General de la Nación deberá ahora asignar la denuncia y comenzar el proceso de investigación preliminar para determinar la validez de los cargos imputados a los ex altos funcionarios.