El sargento afrocolombiano Carlos Eduardo Mora de la Brigada Móvil No.15 de Colombia con sede en Ocaña identificó inconsistencias en las muertes en combate reportadas por miembros de su batallón en sus cifras de contrainsurgencia. En 2008, Mora denunció a sus compañeros por la ejecución de civiles, haciéndolos pasar por combatientes enemigos. Estas ejecuciones extrajudiciales se extendieron a lo largo del país y se dieron a conocer erróneamente como “falsos positivos”, luego de que se hiciera público el escandaloso asesinato de 19 jóvenes del barrio Soacha, al suroeste de Bogotá.

Mora ha sufrido profundamente por su papel como denunciante y ha enfrentado múltiples tipos de represalias, incluyendo humillaciones públicas y amenazas de muerte. De hecho, su situación de seguridad llegó a ser tan crítica que en 2013 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que urgía al Estado colombiano a garantizar la protección de Mora y su familia.

En febrero, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional de Colombia creado en el acuerdo de paz de 2016, reveló que entre 2002 y 2008 las fuerzas armadas colombianas habrían cometido al menos 6.402 ejecuciones extrajudiciales. A la luz de estas perturbadoras revelaciones, la directora para los Andes de WOLA Gimena Sánchez-Garzoli moderará un panel en el que se podrá escuchar directamente al sargento Mora y en el que participarán también expertos en derechos humanos y asistencia militar de Estados Unidos. El abogado Alberto Yepes, miembro de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEU), hablará sobre las implicaciones del caso sobre ejecuciones extrajudiciales presentado recientemente por la JEP, mientras que el director para Veeduría de Defensa de WOLA Adam Isacson se centrará en el financiamiento estadounidense a las fuerzas armadas de Colombia y las medidas que se deberían tomar para garantizar la justicia en estos casos atroces.