El fiscal ad hoc no podrá usar las pruebas que el Fiscal General envenenó y con ello ahora son jurídicamente inexistentes.

Por PABLO BUSTOS

Presidente Red de Veedurías

Tras haber acogido la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, la propuesta de la Red De Veedurías, formulada a la Vicefiscal General de la Nación en el sentido de designarse un Fiscal Ad Hoc para el caso Odebrecht constituye un hito toda vez que de un lado no existía norma expresa para llenar el vacío y, por otro, la Corte cambia su jurisprudencia al admitir por primera vez dicha figura en materia penal. Se suma a lo anterior que la ley por desgracia limita a la ciudadanía y a las veedurías en estos casos de corrupción transnacional. Ahora es importante saber que el nuevo Fiscal Ad Hoc recibe un material probatorio envenenado.

Poca atención ha merecido algo que será crucial en el esclarecimiento tanto de las causas del fallecimiento del auditor de la Ruta del Sol II y su adición, Jorge Pizano y de si hijo Alejandro Pizano. Aquel supuestamente por un paro cardiaco –justo antes de declarar ante el FBI– que aún no sabemos su causa, ni tampoco bajo qué circunstancias horas después del fallecimiento de aquel haya bebido de botella de agua saborizada que se hallaba destapada e incompleta en el escritorio de su padre. Solo unas semanas atrás la Fiscal del caso había sufrido un accidente automovilístico.  

Curiosamente, por decir lo menos, el CTI, de la Fiscalía, solo apareció en el lugar de los hechos el 17 de noviembre pasado. Es decir, pasados ocho largos y sórdidos días después de la muerte de Jorge Pizano -en la noche del jueves 8 de noviembre- y seis del envenenamiento de su hijo Alejandro Pizano – envenenado en la noche del 11 de noviembre- ,  donde recogió cerca de 17 evidencias tomadas de la escena del crimen, entre ellas un frasco con un kilogramos de cianuro de potasio  hallado en el baño, 16 CD´s y DVD´s,  cinco  computadores portátiles, una CPUs, un disco duro, dos teléfonos celulares, USBs y un iPad que fueron retirados de la finca de los occisos en Subachoque. 

Dicha diligencia termino en las horas de la madrigada, 2 am del día. 18 de noviembre, y estuvo acompañada de un delegado de la Procuraduráa General de la Nación. Sin embargo, la Fiscalía solo tomó la autorización de la familia para el retiro de un celular y no para los más de 28 elementos retirados de dicha finca, cuya ausencia hizo que se declarara la inexistencia de estas pruebas por el juez de garantías a solicitud de la procuraduría. 

Por otro lado, el segundo vicio generado por la propia Fiscalía según la Procuraduría y el juez de garantías fue el haber presentado los mismos para su legalización más allá de las 36 horas de ley, pues en efecto se presentaron cerca de 100 horas –más de cuatro días– cuando ya se hallaba ampliamente vencido   el termino máximo de ley. 

Inexplicablemente, la fiscalía había tomado las pruebas de manera ilegal y las había conocido, utilizado, sacado una copia espejo, y utilizado las mismas para luego presentarlas cuando las mismas estaban condenadas a no tener ningún valor legal. Estaban envenenadas. No pueden usarse para ningún efecto judicial, pues sencillamente no existen. Desaparecieron por la propia negligencia, por decir lo menos, de la fiscalía respecto del proceso de mayor atención nacional, relacionado con el caso Odebrecht, el grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo, y con este empresario, y con el propio fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien fue su asesor para la concesión Ruta del Sol. 

Ya no se podrá saber la causa real de los fallecimientos de Jorge y Alejandro Pizano por cuanto la fiscalía destruyó y dejó sin efecto las únicas pruebas que nos podrían aportar luces nuevas esclarecedoras no solo de las causas y forma real de este homicidio al menos pulposo de este, y además se perdieron los documentos que tenía, consultaba y que había elaborado Jorge Pizano, gracias a quien el país pudo advertir de manera directa la responsabilidad del actual fiscal general y de Luis Carlos Sarmiento y el grupo Aval – Corficolombiana y Episol-.

Tales hechos no los estimamos casuales sino que podrían ser parte de un complot para desparecer pruebas de singular importancia e impedir o mejor obstruir la investigación judicial, por parte de quienes debían esclarecerlo, razón por la cual formulamos la denuncia penal por presunto fraude procesal, encubrimiento entre otros presuntos delitos por irregularidades que las advirtió la procuraduría y que la decreto en primera instancia un juez de garantías, que se halla en apelación, la cual deberá confirmar los aberrantes atropellos contra la investigación por parte de las actuaciones de la propia fiscal y que aunque vinieren autoridades internacionales para revisar las pruebas ya no podrían conceptuar sobre las mismas sencillamente por cuanto las mismas no existen.

Ya logramos el fiscal Ad Hoc, ahora vamos por su renuncia y por establecer la responsabilidad nacional e internacional jurídica, económica y empresarial del grupo Aval, y su líder Luis Carlos Sarmiento Angulo en el mayor caso de corrupción trasnacional que tenga memorial documental la historia de Colombia y saber hasta donde el estado y la justicia americana hasta donde está dispuesta a ser consecuente en la lucha contra este caso puntal de corrupción de cuello blanco.