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A Colombia sí se le debe ayudar después de superar medio siglo de guerra. Pero, ¿cómo?

Holanda y el resto de la comunidad internacional generosamente apoyaron a Colombia una vez se firmó la paz con las FARC. Pero ahora, más de dos años después, parece que millones de los aportes financieros desaparecieron. El ciudadano del común paga la cuenta, ya aplastado por los altos impuestos de la paz.

¿Cuándo llegará el momento en que la comunidad internacional diga basta?

¿Quién no recuerda las imágenes de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y el movimiento guerrillero de las FARC?

En septiembre de 2016 un presidente radiante, Juan Manuel Santos, apretó la mano del líder de las FARC, Timoleón Jiménez en la capital cubana, La Habana. El acuerdo de septiembre fue rechazado después en un referéndum, pero por fuerte presión en el Congreso fue aprobado después en diciembre de ese año.

La comunidad internacional estaba extasiada. Finalmente, después de cinco décadas azotada por el conflicto armado interno, la paz llegaría a Colombia. Por ese logro, al presidente Santos le otorgaron incluso el Premio Nobel de Paz. Los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea; todos hicieron fila para poder aportar con sus millones de euros a la transición hacia la paz.

Total falta de transparencia

El ambiente era de optimismo para al gran trabajo de desarrollo; de fe en el futuro. Y así debería ser, pero la realidad en Colombia es obstinada. La corrupción y el clientelismo parecen ser inextirpables. Lo predecible para los internamente implicados fue después de un tiempo evidente para los de afuera: la constatación de la falta total de transparencia del uso de los millones de euros que el gobierno captó para la implementación del acuerdo de paz.

En las semanas pasadas todos los medios mencionaron un escándalo que cada vez se extiende más. Dicho escándalo comenzó con una funcionaria del fondo de gobierno ‘’Colombia sostenible’’. Su nombre es Marcela Huertas. A ella le remordió la conciencia el clima de clientelismo desvergonzado en el cual debía trabajar e informó a representantes de importantes financiadores de ese fondo: Suecia, Noruega y Suiza (Holanda no está implicado en ese fondo).

Ella reveló que la directora de este fondo sostenible había otorgado contratos millonarios a su pareja sentimental y que muchos proyectos de desarrollo no existían sino en papel. Cuando a Huertas la despidieron, los mencionados representantes cuestionaron públicamente esa medida, lo que conllevó a que el gobierno a su vez despidiera a la deshonesta directora.

Hasta ahora nadie ha podido explicar debidamente dónde se quedó esa plata para la paz. Ni siquiera el presidente Juan Manuel Santos, quien muy irritado reaccionó de inmediato llamando a los representantes de inversionistas implicados y a la prensa internacional para explicarles que todo estaba en orden y que se iba a examinar el asunto a profundidad.

Mientras tanto se desarrollaron verdaderos dramas dentro de los muros del palacio presidencial, en donde se dice que el ambiente de trabajo es fatal.

La bonanza internacional   

Desde el momento en que los aportes internacionales comenzaron a tomar vuelo, se crearon un sinnúmero de fondos poco transparentes para la paz y el desarrollo que suelen frecuentemente cambiar de nombre. Se trata de fundaciones, corporaciones y agencias que guardaron o usaron los millones del exterior sin ningún control. Aparte de contratos para familiares, amigos y empresas conexas, también surgieron todo tipo de asesorías.

En todo caso, gran parte del dinero no cumplió con su propósito oficial: los millones de víctimas en el país y la gran cantidad de guerrilleros rasos que se desmovilizaron. Muchos ex combatientes de las FARC quedaron en el limbo. En julio deben irse de los campamentos temporales, que ellos mismos construyeron.

Los arquitectos del acuerdo de paz consideran que en esa fecha los ex combatientes estarán socialmente suficientemente integrados y convertidos en ciudadanos honrados como por arte de magia. Pero aún se esperan los prometidos proyectos agrarios productivos pensados para generar empleo. Además, el primer punto en el acuerdo de paz, el conflicto por la tierra, no se ha comenzado a solucionar, al igual que desde hace medio siglo. ¿Dónde queda la prometida salud y seguridad? Ni hablar de la supuesta ayuda sustancial a las minorías étnicas gravemente afectadas.

Muchos de los ex combatientes abandonaron los campamentos prematuramente, por la permanente incertidumbre. Una gran parte seguramente a su casa. Sin embargo, es un hecho que unos cientos se unieron a bandas criminales que tienen un solo fin: aprovechar el lucrativo mundo del narcotráfico y otras actividades como la minería ilegal.

Más cocaína que nunca

Es un hecho que Colombia está produciendo y exportando más cocaína que nunca, inclusive a Holanda. En un departamento como el Cauca, donde las víctimas son principalmente indígenas, la cantidad de asesinatos aumentó en un 300% por ciento.

Los fondos para salud, educación e infraestructura son sistemáticamente robados por políticos y funcionarios corruptos. La consecuencia es que el colombiano de ruana, lejos de los políticos y burócratas indiferentes en la capital, se da cuenta de que el acuerdo tan aplaudido poco tiene que ver con su realidad diaria en la región. Es un hecho que el mensaje internacionalmente vendido, que las víctimas del conflicto son el centro de atención del proceso de paz, es una gran mentira. A diario escuchamos acerca de los asesinatos impunes de líderes sociales en las regiones que se oponen a las nuevas mafias. Financiadores internacionales como la Unión Europea, el banco mundial, la ONU y también Holanda expresan sus preocupaciones, pero siguen aportando a los planes de Santos.

¿Será el sistema jurídico colombiano capaz de confrontar eficientemente a los abusos y combatir a los corruptos y fomentadores del clientelismo? Las experiencias recientes no dan mucha esperanza. Muchos mandatarios, inclusive miembros de las altas cortes, son atados firmemente a los políticos que les nombraron o subsidiaron. La agenda y diligencia de las instituciones estatales depende principalmente de quién está en el poder. Recientemente la Fiscalía inició la investigación del caso de Marcela Huertas, sin embargo si este será un proceso únicamente mediático o si se llevará el debido proceso, es todavía un gran interrogante.

Justicia transicional, una iniciativa atrevida

Aparte del problema del clientelismo, la corrupción, la falta de control y la ineficiencia en la implementación de los acuerdos, hay otro asunto que no avanza. Se trata de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), compuesta por una comisión de expertos sobre temas como conflicto y negociación de diferentes tendencias políticas, que debe escuchar a todos los comprometidos con el conflicto armado y juzgarlos en un sistema nuevo de justicia transicional.

Se trata de una iniciativa llamativa en un país donde generalmente se silencia cualquier esfuerzo para hacer justicia de verdad. Pero hasta ahora los signos no son alentadores. Los miembros, seleccionados por el gobierno, la ONU y las FARC, todavía carecen de suficientes medios y oficina adecuada. Además, sin que el trabajo hubiera iniciado, una disputa a raíz de la interpretación de sus funciones entre los recién posicionados secretario y presidente de la jurisdicción, resultó en el despido del secretario.

Recientemente el primer acto de la JEP consistió en tratar de impedir la extradición a los Estados Unidos de uno de los negociadores mayores de las FARC, Jesús Santrich, quien hace poco fue detenido por la acusación de un juzgado americano por presuntamente ser cómplice del plan del envío de diez toneladas de cocaína a los Estados Unidos, seguido por una reacción enfurecida por parte de las FARC.

Ecuador expulsó la mesa de diálogo con el ELN

A pesar de esa expulsión, Holanda decide cofinanciar –por amor a la paz, por intereses comerciales, o ambos- la mesa de negociación del ELN, cuyos resultados han sido muy pobres hasta ahora.  El nuevo presidente Lenín Moreno tomó esa decisión a raíz de los múltiples atropellos y actos criminales en la zona fronteriza con Colombia, en especial, después del secuestro y asesinato de tres periodistas ecuatorianos. Recientemente se retomaron las negociaciones en La Habana, donde durante cinco años las FARC y el gobierno colombiano fueron alojados durante su negociación, a cambio de una millonaria suma diaria.

A pesar del corto tiempo, limitado por las elecciones presidenciales en Colombia, los del ELN parecen no tener prisa y están a la espera del desarrollo político. No es de sorprender pues saben muy bien que generalmente los gobiernos colombianos no cumplen con los acuerdos y que las promesas a las FARC solo han sido cumplidas muy parcialmente.

Para las elecciones del 27 de mayo, el ELN prometió un cese de fuego de cinco días. Así que después de esa fecha, en medio de las negociaciones, retomarán sus atentados en contra civiles, policía, ejército e infraestructura como siempre, así como las viejas prácticas de secuestro y reclutamiento de jóvenes.

¿La solución para la ayuda internacional?          

¿Cuándo decidirá la comunidad internacional si sigue o no con la inversión en la paz? Evidentemente se debe ayudar a Colombia para poder recuperarse de medio siglo de guerra interna. E indiscutiblemente, fue una empresa muy arriesgada y un gran mérito del gobierno Santos firmar un acuerdo con las FARC, que sin duda salvó a cientos o miles de vidas. Pero la ayuda internacional no debería invertirse en un sistema corrupto que se basa en el clientelismo y prácticas mafiosas. En el monitoreo también se debería incluir las ONG internacionales que reciben subsidios de cooperación internacional para desarrollar proyectos en el ‘posconflicto’ colombiano. ¿No sería mejor transmitir la ayuda extranjera directamente a las organizaciones civiles de víctimas e iniciativas independientes? Esas iniciativas abundan, sin embargo esto requeriría de mucho trabajo, conocimiento y control por los financiadores extranjeros, y por ende. no es atractivo.

Se trata de un juego diplomático delicado. Demasiado control externo al gobierno implicaría una moción de desconfianza al poder en Colombia. Entonces surge la pregunta que pesa más: ¿ayuda real, o inversión y comercio con los amigos de la paz?

Un gran dilema, el cual requiere de un debate internacional.

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*Directora Corporación Manos por la Paz Internacional.

Este artículo publicado originalmente en Holanda en https://www.vn.nl/colombia-moet-worden-geholpen/